El dictamen consultivo emitido hoy por el TIJ se esperaba con expectación, y con razón. Debía responder a cuestiones esenciales para la lucha contra el cambio climático, fundamentalmente qué obligaciones legales tienen los estados en este campo, cuáles son las consecuencias si no cumplen sus obligaciones, y qué reparaciones puede haber para los estados más afectados.  

El dictamen tiene 133 páginas, lo que demuestra la complejidad de la cuestión. Como primera aproximación, pueden destacarse dos ideas: 

1. Los estados tienen determinadas obligaciones para asegurar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente afectadas por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI), tales como, por ejemplo, adoptar medidas de mitigación y adaptación, prevenir daños significativos, o cooperar con otros estados. Estas obligaciones pueden surgir, además de los tratados que podríamos llamar “típicos” en materia de cambio climático (la CMNUCC, el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París), de otros, como la Convención de Viena, el Protocolo de Montreal o la Convención del Derecho del Mar, además del Derecho internacional consuetudinario. Especialmente destacable es la obligación de los estados bajo el Derecho internacional sobre derechos humanos de respetar y asegurar el efectivo disfrute de estos derechos. 

2. El incumplimiento por un estado de cualquiera de esas obligaciones constituye un ilícito que conlleva responsabilidad, lo que puede incluir las obligaciones de cesación de esa actuación (acción u omisión), asegurar su no repetición, y reparación completa, incluyendo restitución e indemnización. 

 A destacar también: estas conclusiones se han adoptado por unanimidad, lo que añade un carácter de contundencia a su contenido. 

Aunque no directamente vinculante, el contenido de este dictamen tendrá a buen seguro cuando menos fuerza moral, y podrá servir de apoyo para reclamaciones que se planteen ante otros tribunales.