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Lee Chung-Hsi

Catedrático del Instituto de Posgrado de Derecho de la Salud y Biotecnología de la Universidad Médica de Taipéi (Taiwán)

Si bien los primeros resultados clínicos son prometedores en cuanto a la reducción del nivel de ADN mitocondrial patógeno en recién nacidos, la aplicación de la transferencia pronuclear (PNT) plantea importantes cuestiones éticas y normativas que deben abordarse tanto a través de la supervisión nacional como del diálogo internacional. Desde el punto de vista de la bioética, la modificación de la línea germinal —definida como la alteración del material genético de forma que afecte a las generaciones futuras— se ha abordado con cautela desde hace mucho tiempo. Esto se debe a que implica cambios irreversibles en el genoma humano, con posibles consecuencias no solo para las personas nacidas a raíz de estas intervenciones, sino también para la comprensión que tiene la sociedad de lo que significa ser humano. 

Sin embargo, la transferencia pronuclear ocupa un lugar único en este debate. Se centra en el ADN mitocondrial, que, aunque es esencial para la producción de energía celular, contribuye relativamente poco a los rasgos tradicionalmente asociados a la identidad, como el aspecto físico, la personalidad o la inteligencia. Debido a esta influencia limitada en características fenotípicas clave, algunos consideran que la PNT es un «campo de pruebas ético» aceptable para la intervención a nivel germinal. En lugar de recurrir a la terapia génica de alto riesgo tras la aparición de una enfermedad hereditaria, el uso de la tecnología PNT para reducir la probabilidad de padecerla es una opción más aceptable desde el punto de vista ético. Ofrece una vía posible para explorar el uso responsable de las tecnologías reproductivas sin traspasar las líneas rojas que suelen trazarse en torno a la modificación del ADN nuclear. 

No obstante, la modificación del ADN mitocondrial no está exenta de complejidad ética. Aunque su función directa sea más limitada, sigue implicando cambios hereditarios y la creación de embriones con aportaciones genéticas de tres individuos: la madre y el padre previstos y un donante mitocondrial. Esto plantea cuestiones sobre la identidad, el parentesco y los derechos del niño resultante, especialmente en lo que respecta a la divulgación y la autonomía. Además, se desconocen los efectos a largo plazo de estas intervenciones sobre la salud. Para evitar una erosión gradual de las fronteras éticas, es necesario establecer procesos de revisión ética transparentes y un seguimiento clínico a largo plazo como requisitos fundamentales para cualquier país que considere el uso de la PNT. 

Desde una perspectiva clínica, las pruebas genéticas preimplantacionales (PGT) deben seguir siendo la opción de primera línea para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades mitocondriales. La PGT es un método más consolidado y menos invasivo que permite seleccionar embriones con niveles mínimos o indetectables de ADN mitocondrial patógeno. En muchos casos, este enfoque ha demostrado su eficacia y conlleva menos incertidumbres biológicas y éticas que la PNT. Por el contrario, la PNT es un procedimiento más complejo y experimental que combina el ADN nuclear de los padres con el ADN mitocondrial de un óvulo de una donante, y puede dar lugar a menores tasas de fecundación o a una mayor pérdida embrionaria. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de precaución en bioética, la PNT solo debe considerarse cuando la PGT no es viable o ha demostrado ser ineficaz. 

El Reino Unido es actualmente líder en la aplicación clínica de la PNT, tras haber establecido un estricto régimen de licencias y regulación a través de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología (HFEA). El modelo del Reino Unido refleja el compromiso de permitir el avance científico sin dejar de lado la vigilancia ética. Sin embargo, las tecnologías reproductivas como la PNT son intrínsecamente transnacionales. Si solo unos pocos países ofrecen acceso a estos procedimientos, se podría producir un «turismo reproductivo», en el que los pacientes viajan al extranjero en busca de tratamientos no regulados o menos estrictos, lo que podría socavar las normas de seguridad y las normas éticas. 

Por esta razón, se necesita urgentemente un enfoque internacional coordinado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Médica Mundial (AMM) están bien posicionadas para iniciar debates a nivel mundial y ayudar a formular directrices éticas y marcos de gobernanza comunes. Estos debates deben abarcar no solo las dimensiones científicas y médicas, sino también las implicaciones sociales, culturales y jurídicas. El establecimiento de normas éticas mínimas y mecanismos de supervisión contribuirá a garantizar que los beneficios de la PNT se persigan de manera responsable y que se preserven la equidad sanitaria mundial y la integridad ética. 

ES