Reacción a "Un informe de la ONU denuncia el impacto de la extracción de minerales críticos en la salud de los más vulnerables"

El informe resulta altamente relevante en la medida en que se suma al cuerpo de literatura que examina críticamente las dinámicas de la transición energética y digital en curso. En particular, se alinea con las perspectivas que advierten que el aumento de la demanda de minerales críticos necesarios para la transición reproduce patrones coloniales que exacerban la desigualdad e injusticia social, económica y ambiental entre las zonas de extracción —generalmente situadas en el sur global— y los países industrializados, generalmente localizados en el norte global.

Sin embargo, un aspecto que podría fortalecerse es su marco analítico de la responsabilidad, ya que dice poco sobre los actores corporativos concretos y los grupos económicos que se benefician directamente de este modelo. En este sentido, la responsabilidad aparece diluida al atribuirse a grandes categorías geopolíticas, en lugar de examinar el papel de las empresas transnacionales y las dinámicas de acumulación de capital que la sostienen. El uso de la dicotomía norte global/sur global corre el riesgo de homogeneizar territorios altamente diversos, invisibilizando desigualdades internas, asimetrías de poder y los roles diferenciados de los Estados, las élites locales y las comunidades. Esto es evidente en el caso del litio, donde la mención a Argentina es marginal, a pesar de que se trata de un actor central en la producción global. Allí, la extracción está en manos de empresas multinacionales, reguladas principalmente por gobiernos provinciales, y recientes modificaciones normativas —como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cambios en la Ley de Glaciares— han ampliado aún más los beneficios para estas empresas.

El informe sí menciona a Bolivia, donde la extracción a gran escala aún no se ha materializado, y a Chile, que enfrenta severos impactos socioambientales derivados de la explotación del litio. Sin embargo, no reconoce los esfuerzos que ambos países —donde la producción está fuertemente regulada por el Estado— están realizando para implementar tecnologías de extracción directa de litio, orientadas a reducir el impacto, especialmente, en el consumo de agua.

Por último, si bien la sección final del informe propone una serie de acciones dirigidas a los distintos actores involucrados, sería importante reforzar la necesidad de avanzar hacia transformaciones más estructurales: revertir los modelos económicos basados en el crecimiento que impulsan la demanda de minerales críticos en el norte global, promover la extracción de estos en los territorios industrializados que los demandan y donde los estándares ambientales y de derechos humanos son más exigentes e implementar políticas decididas para que las compañías inviertan en reciclado de baterías.