Reacción a "Pedro Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años"

Lo anunciado por Pedro Sánchez hoy deja demasiadas incógnitas abiertas. Estamos ante propuestas de gran calado (legales, técnicas y sociales), pero sin conocer los textos normativos, por lo que es complicado hacer valoraciones. 

En todo caso, el intento de exigir responsabilidad real a las plataformas digitales y a sus algoritmos es, en principio, una buena noticia. Ahora bien, la clave estará en los mecanismos: cómo se auditan los algoritmos, quién lo hace, con qué criterios técnicos y con qué garantías jurídicas. 

Por otro lado, combatir los discursos de odio es necesario y tiene un fundamento democrático evidente. El problema surge ante las preguntas que plantea: ¿quién decide qué es odio y qué no?, ¿con qué criterios?, ¿y bajo qué controles? Esto abre un terreno delicado donde la línea entre proteger derechos y limitar la libertad de expresión puede volverse difusa. Por ello, habrá que ver qué mecanismos se proponen. 

Finalmente, no hay demasiada información sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16. Parece que el planteamiento de delegar la responsabilidad en las plataformas sigue el modelo australiano. La información que tenemos de lo que ha sucedido en Australia es que el sistema no está funcionando con el éxito que se le presuponía. La ley ha sido criticada por no regular otros espacios (como las casas de apuestas online) y por la prisa con la que se elaboró. La Sociedad Australiana de Psicología renunció a hacer aportaciones por el escaso plazo dado. Habrá que ver qué planteamiento hace España. 

En Australia, la obligación recae en las plataformas, que deben impedir el acceso de menores mediante verificación de edad (que parece que es lo que se está planteando en España). Allí la norma afecta a apps como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch, Kick y Threads, que tienen que bloquear a menores de 16 o enfrentar multas millonarias. No afecta a otras aplicaciones como Whatsapp o Telegram. Una vez implementada la ley, los jóvenes están usando varias estrategias para saltarse la prohibición. Usan VPN, utilizan aplicaciones de IA para “envejecer” o simplemente usan una foto de sus progenitores. Una de las principales quejas es que no se ha escuchado a los jóvenes en todo el proceso.  

Creo que es importante plantear que, revisando la literatura científica, no hay consenso en que las redes sociales causen en sí mismas problemas de salud mental. La APA indica que el uso de redes sociales no es intrínsecamente beneficioso o perjudicial por sí mismo para los jóvenes y que los efectos de las redes sociales dependen de lo que los adolescentes pueden hacer y ver en línea, de sus fortalezas o vulnerabilidades preexistentes y de los contextos en los que crecen. Esto no significa que las redes sean espacios seguros o adecuados para los niños, sino que establecer un debate o una regulación solo en torno a edades es insuficiente.  

Lo que sí sabemos que funciona es la regulación unida a la educación, y eso no se ha planteado en el anuncio de hoy. No hay planteamiento de medidas educativas que acompañen estas regulaciones. Una adecuada formación ciudadana y educativa es necesaria. Sabemos que una regulación solo fundamentada en la edad no suele funcionar y que una desconexión repentina de estos espacios puede generar también problemas. Preocupa especialmente que los adolescentes que dependen de las redes sociales para conectarse y expresarse, y que usan estos medios para su inclusión, terminen en espacios digitales no regulados, donde hay incluso menos protección. 

Recordemos que en España la edad está y a establecida en 14 años y aun así existen menores de esa edad en las plataformas. A la espera de conocer el contenido concreto de las propuestas y su desarrollo normativo, conviene mantener una mirada prudente y crítica. La regulación de las plataformas digitales y la protección de niños y adolescentes en el entorno digital es un reto complejo que no admite soluciones simples que se basen únicamente en la edad. Será necesario esperar a ver cómo se desarrollan las medidas, qué alcance real tienen y con qué garantías se articulan, antes de poder juzgar su viabilidad y sus posibles efectos.