Pedro Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años

Cualquier sistema de verificación de edad tiene que asegurar, al mismo tiempo, la privacidad de la persona a la que se le verifica la edad. Un ejemplo: hace un rato en Bluesky he visto que tengo un mensaje directo, he ido a abrirlo y me dicen que los mensajes directos no se activan a no ser que verifique mi edad. Una de las opciones que me da para verificación de edad es que dé una tarjeta de crédito, pero siempre le puedes robar la tarjeta de crédito a tu padre y, además, es poner tu tarjeta de crédito en manos de una compañía cuyas medidas de seguridad no sabes si son buenas o malas. 

La siguiente opción es un reconocimiento biométrico que protegerá a los menores a costa de que todas las grandes corporaciones tengan escaneada sus caras y las de todos los usuarios. Aquí la gente que se dedica a la biometría facial te dirá que en realidad no se escanea la cara, sino unos determinados puntos y que esos grafos físicos quedan guardados de una manera criptográfica; pero lo cierto es que una vez que se guarda ese reconocimiento facial puede ser reconocido en cualquier parte del mundo, aunque no se guarde la foto, pero se guardan los datos necesarios para volverte a reconocer. 

La tercera opción que me da es escanear mi documento nacional de identidad, pero la Agencia Española de Protección de Datos ya ha dejado claro que escanear el DNI o fotocopiarlo, como estaban haciendo en los hoteles, es excesivo, lo que puedes hacer es mostrarlo. ¿Cómo me aseguro yo de que una startup californiana como Bluesky mañana no la compra una gran corporación y todos esos datos no quedan ahí almacenados? Es decir, tenemos que encontrar sistemas que permitan verificar la edad, pero con el debido anonimato, que puede parecer raro, pero se puede hacer técnicamente. No me parece mal la verificación de edad, pero claro, ¿con qué métodos? Esta es la cuestión. 

Si el método tiene que ser la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet), que teóricamente tiene que haber una en España para finales de este año, en la que vamos trabajando mucha gente desde hace mucho tiempo, tiene la posibilidad de generar una presentación, que puede ser un código QR, tirando de los datos reales de una persona y diciendo que esta persona es mayor de 16 años, sin decir ni quién es la persona, ni cómo se llama. Se utiliza una tecnología que se llama Zero Knowledge Proof, es decir, alguien, una tercera parte de confianza da fe de que tú eres mayor de edad y todo el sistema funciona para que tú confíes en ese dato. Eso puede funcionar en España porque los menores pueden tener un documento nacional de identidad. 

La verificación de edad es un problema que arrastramos desde el nacimiento de Internet y ahora se puede hacer con medidas muy concretas, que no son baratas, si queremos asegurarnos la privacidad de nuestros ciudadanos.  A mí me parece que si de lo que estamos hablando es de la soberanía digital, lo primero es que ningún país tenga acceso a datos biométricos de nuestros ciudadanos. 

Y sobre el tema de la responsabilidad penal de los CEOS, yo creo que somos conscientes de que cualquier medida que tomemos solo entrará en vigor cuando el CEO pise el territorio español. Aunque tenga poca utilidad a corto plazo, me parece muy interesante, porque un CEO se lo pensará cuando vaya a ser responsable él personalmente con su propio patrimonio de lo que pase en cualquier país del mundo. No es lo mismo que te caiga una responsabilidad civil a que te caiga una responsabilidad penal. De hecho, el caso de Pavel Durov con Telegram en Francia es significativo. 

Respecto a la propuesta para prohibir el acceso a redes sociales antes de los 16 años en España iría un poco en el sentido de lo que ya ha implantado Australia y de lo que quiere implantar Francia, aunque en Francia el tope que han puesto es de 15 años. En Gran Bretaña están pensando en hacer algo parecido y es posible que otros países de la Unión Europea también hagan algo similar. 

Desde mi punto de vista esta es una medida en buena medida arbitraria, en lo que se refiere, primero a la edad, porque establecer 14, 15 o 16 años es una decisión. Desde luego en algún sitio hay que ponerla, pero da la impresión de que probablemente sea una edad considerablemente alta y que, hoy en día, la evidencia disponible en relación con el daño que pueda hacer sobre la salud mental el acceso y el uso de redes sociales en adolescentes no justifica en buena medida el establecimiento de ningún umbral, pero mucho menos un umbral bastante conservador como el de 16 años. 

Realmente la calidad de la evidencia sobre el impacto de la salud mental del uso de redes sociales es bastante baja. Es decir, ni hay un acuerdo unánime de que exista ese impacto. Los estudios que existen son, en su mayor parte, correlacionales y hay un acuerdo bastante generalizado de que esas correlaciones son modestas en magnitud, pero lo más importante es que cuando se controla de forma adecuada la posible contribución de terceras variables o la posibilidad de que de la dirección más que unidireccional de redes sociales a salud mental sea en la dirección contraria, es decir, de salud mental a uso de redes sociales o bidireccional, la magnitud de esas relaciones se reduce aún más. 

En el mejor de los casos, lo que sí sabemos es que el impacto del uso de redes sociales sobre la salud mental adolescente, de ser causal, sería muy modesto y comparativamente mucho menor que el impacto que tienen otros factores. Por ejemplo, hay investigación bastante sólida sobre el impacto sobre la salud mental adolescente que tiene la presión académica y sabemos que el tamaño de ese efecto es probablemente un orden de magnitud mayor que el tamaño del efecto atribuible a las redes sociales. Así que, por una parte, se está tomando una medida drástica sobre una base de evidencia bastante débil y, en buena medida, eso se debe a que esta es una medida popular. 

Es una medida que yo creo que la mayor parte de la población, a día de hoy, cree que es  positiva y, por tanto, relativamente fácil de tomar, con pocos costes políticos, porque es una decisión con la cual estaría de acuerdo la mayoría de la población, y relativamente fácil en el sentido de que es más fácil de tomar una decisión relativa a la prohibición de acceso que decisiones que probablemente serían mucho más efectivas y que tienen más que ver con la regulación de las propias redes sociales. Hoy, las grandes compañías que ofrecen estos servicios apenas tienen limitaciones en lo que se refiere al diseño de las redes sociales o de los dispositivos. 

Probablemente, si entendiéramos bien los mecanismos a través de los cuales la salud mental y el uso de las redes sociales están vinculados, regular cuestiones que tienen que ver con el diseño de los dispositivos, de las redes sociales, incrementar la transparencia algorítmica o influir en la forma en la que están diseñados esos algoritmos sería mucho más eficaz que lo que se intenta hacer ahora mismo. 

¿Esto va a tener algún tipo de impacto positivo sobre la salud mental? Yo creo que no. Si luego evaluamos de forma seria el efecto de estas medidas, veremos que son impactos muy modestos. Y, además, existen posibles efectos negativos sobre comunidades o colectivos específicos, para quienes una buena parte de los recursos del capital social se canaliza a través de redes sociales. Estoy pensando, por ejemplo, en minorías de orientación sexual, de identidad de género, personas con discapacidad, etcétera, que tienen en las redes sociales una fuente de apoyo social y de recursos importantes. 

Pienso que es una medida precipitada, que se toma con poca evidencia de calidad, cuyos efectos no entendemos todavía en toda su extensión, pero que es relativamente fácil de tomar en términos políticos y popular. 

En primer lugar, limitar el tiempo que los menores dedican a participar en las redes sociales y, en general, a estar conectados con dispositivos móviles, puede ser un objetivo valioso desde el punto de vista de la salud, en la medida en que sabemos que ese tiempo es un tiempo que dedican a expensas de cosas tan importantes como el descanso o las actividades deportivas, por ejemplo. Sabemos también que estas redes contribuyen a propagar patrones de comportamiento alejados de la salud. El caso más extremo sería desde la invitación al suicidio hasta los trastornos a la conducta alimentaria y, eventualmente, los casos en los cuales alguien puede tener un aislamiento social como consecuencia de esta participación en las redes.  

Ahora bien, prohibir el acceso puede ser una medida difícil de ejecutar en tanto que no se garantice un control adecuado de ese acceso de los menores. Quiero decir que también está prohibido el acceso al tabaco y a las bebidas alcohólicas de los menores y, sin embargo, los menores de edad experimentan antes de los 18 años con el tabaco, con el alcohol y con los cigarrillos electrónicos. Entonces, si no se garantizan medidas que aseguren el cumplimiento de esa prohibición, podría ser una medida más cosmética que efectiva.  

Y, en segundo lugar, y muy importante, yo creo que, además de limitar su acceso, deberían hacerse cosas para garantizar que el diseño de este tipo de plataformas tecnológicas no sea un diseño cuyo objetivo principal sea justamente ese uso descontrolado. Como hemos hecho en el caso del tabaco, por ejemplo, reducir el atractivo puede ser tanto más importante que prohibir su consumo. 

Igual que hemos introducido medidas en el empaquetado de los paquetes de cigarrillos que los hacen menos atractivos o que hemos limitado el uso de aromas que sabemos que son especialmente atractivos para los más jóvenes que todavía no se han acostumbrado a fumar, garantizar que, de alguna manera, los responsables de estas redes sociales no las hagan excesivamente atractivas con medidas como el scroll infinito, podría ser más importante que la pura prohibición. 

Lo anunciado por Pedro Sánchez hoy deja demasiadas incógnitas abiertas. Estamos ante propuestas de gran calado (legales, técnicas y sociales), pero sin conocer los textos normativos, por lo que es complicado hacer valoraciones. 

En todo caso, el intento de exigir responsabilidad real a las plataformas digitales y a sus algoritmos es, en principio, una buena noticia. Ahora bien, la clave estará en los mecanismos: cómo se auditan los algoritmos, quién lo hace, con qué criterios técnicos y con qué garantías jurídicas. 

Por otro lado, combatir los discursos de odio es necesario y tiene un fundamento democrático evidente. El problema surge ante las preguntas que plantea: ¿quién decide qué es odio y qué no?, ¿con qué criterios?, ¿y bajo qué controles? Esto abre un terreno delicado donde la línea entre proteger derechos y limitar la libertad de expresión puede volverse difusa. Por ello, habrá que ver qué mecanismos se proponen. 

Finalmente, no hay demasiada información sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16. Parece que el planteamiento de delegar la responsabilidad en las plataformas sigue el modelo australiano. La información que tenemos de lo que ha sucedido en Australia es que el sistema no está funcionando con el éxito que se le presuponía. La ley ha sido criticada por no regular otros espacios (como las casas de apuestas online) y por la prisa con la que se elaboró. La Sociedad Australiana de Psicología renunció a hacer aportaciones por el escaso plazo dado. Habrá que ver qué planteamiento hace España. 

En Australia, la obligación recae en las plataformas, que deben impedir el acceso de menores mediante verificación de edad (que parece que es lo que se está planteando en España). Allí la norma afecta a apps como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch, Kick y Threads, que tienen que bloquear a menores de 16 o enfrentar multas millonarias. No afecta a otras aplicaciones como Whatsapp o Telegram. Una vez implementada la ley, los jóvenes están usando varias estrategias para saltarse la prohibición. Usan VPN, utilizan aplicaciones de IA para “envejecer” o simplemente usan una foto de sus progenitores. Una de las principales quejas es que no se ha escuchado a los jóvenes en todo el proceso.  

Creo que es importante plantear que, revisando la literatura científica, no hay consenso en que las redes sociales causen en sí mismas problemas de salud mental. La APA indica que el uso de redes sociales no es intrínsecamente beneficioso o perjudicial por sí mismo para los jóvenes y que los efectos de las redes sociales dependen de lo que los adolescentes pueden hacer y ver en línea, de sus fortalezas o vulnerabilidades preexistentes y de los contextos en los que crecen. Esto no significa que las redes sean espacios seguros o adecuados para los niños, sino que establecer un debate o una regulación solo en torno a edades es insuficiente.  

Lo que sí sabemos que funciona es la regulación unida a la educación, y eso no se ha planteado en el anuncio de hoy. No hay planteamiento de medidas educativas que acompañen estas regulaciones. Una adecuada formación ciudadana y educativa es necesaria. Sabemos que una regulación solo fundamentada en la edad no suele funcionar y que una desconexión repentina de estos espacios puede generar también problemas. Preocupa especialmente que los adolescentes que dependen de las redes sociales para conectarse y expresarse, y que usan estos medios para su inclusión, terminen en espacios digitales no regulados, donde hay incluso menos protección. 

Recordemos que en España la edad está y a establecida en 14 años y aun así existen menores de esa edad en las plataformas. A la espera de conocer el contenido concreto de las propuestas y su desarrollo normativo, conviene mantener una mirada prudente y crítica. La regulación de las plataformas digitales y la protección de niños y adolescentes en el entorno digital es un reto complejo que no admite soluciones simples que se basen únicamente en la edad. Será necesario esperar a ver cómo se desarrollan las medidas, qué alcance real tienen y con qué garantías se articulan, antes de poder juzgar su viabilidad y sus posibles efectos.