José César Perales
Catedrático en el departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada
Respecto a la propuesta para prohibir el acceso a redes sociales antes de los 16 años en España iría un poco en el sentido de lo que ya ha implantado Australia y de lo que quiere implantar Francia, aunque en Francia el tope que han puesto es de 15 años. En Gran Bretaña están pensando en hacer algo parecido y es posible que otros países de la Unión Europea también hagan algo similar.
Desde mi punto de vista esta es una medida en buena medida arbitraria, en lo que se refiere, primero a la edad, porque establecer 14, 15 o 16 años es una decisión. Desde luego en algún sitio hay que ponerla, pero da la impresión de que probablemente sea una edad considerablemente alta y que, hoy en día, la evidencia disponible en relación con el daño que pueda hacer sobre la salud mental el acceso y el uso de redes sociales en adolescentes no justifica en buena medida el establecimiento de ningún umbral, pero mucho menos un umbral bastante conservador como el de 16 años.
Realmente la calidad de la evidencia sobre el impacto de la salud mental del uso de redes sociales es bastante baja. Es decir, ni hay un acuerdo unánime de que exista ese impacto. Los estudios que existen son, en su mayor parte, correlacionales y hay un acuerdo bastante generalizado de que esas correlaciones son modestas en magnitud, pero lo más importante es que cuando se controla de forma adecuada la posible contribución de terceras variables o la posibilidad de que de la dirección más que unidireccional de redes sociales a salud mental sea en la dirección contraria, es decir, de salud mental a uso de redes sociales o bidireccional, la magnitud de esas relaciones se reduce aún más.
En el mejor de los casos, lo que sí sabemos es que el impacto del uso de redes sociales sobre la salud mental adolescente, de ser causal, sería muy modesto y comparativamente mucho menor que el impacto que tienen otros factores. Por ejemplo, hay investigación bastante sólida sobre el impacto sobre la salud mental adolescente que tiene la presión académica y sabemos que el tamaño de ese efecto es probablemente un orden de magnitud mayor que el tamaño del efecto atribuible a las redes sociales. Así que, por una parte, se está tomando una medida drástica sobre una base de evidencia bastante débil y, en buena medida, eso se debe a que esta es una medida popular.
Es una medida que yo creo que la mayor parte de la población, a día de hoy, cree que es positiva y, por tanto, relativamente fácil de tomar, con pocos costes políticos, porque es una decisión con la cual estaría de acuerdo la mayoría de la población, y relativamente fácil en el sentido de que es más fácil de tomar una decisión relativa a la prohibición de acceso que decisiones que probablemente serían mucho más efectivas y que tienen más que ver con la regulación de las propias redes sociales. Hoy, las grandes compañías que ofrecen estos servicios apenas tienen limitaciones en lo que se refiere al diseño de las redes sociales o de los dispositivos.
Probablemente, si entendiéramos bien los mecanismos a través de los cuales la salud mental y el uso de las redes sociales están vinculados, regular cuestiones que tienen que ver con el diseño de los dispositivos, de las redes sociales, incrementar la transparencia algorítmica o influir en la forma en la que están diseñados esos algoritmos sería mucho más eficaz que lo que se intenta hacer ahora mismo.
¿Esto va a tener algún tipo de impacto positivo sobre la salud mental? Yo creo que no. Si luego evaluamos de forma seria el efecto de estas medidas, veremos que son impactos muy modestos. Y, además, existen posibles efectos negativos sobre comunidades o colectivos específicos, para quienes una buena parte de los recursos del capital social se canaliza a través de redes sociales. Estoy pensando, por ejemplo, en minorías de orientación sexual, de identidad de género, personas con discapacidad, etcétera, que tienen en las redes sociales una fuente de apoyo social y de recursos importantes.
Pienso que es una medida precipitada, que se toma con poca evidencia de calidad, cuyos efectos no entendemos todavía en toda su extensión, pero que es relativamente fácil de tomar en términos políticos y popular.