Esta semana la compañía de Mark Zuckerberg ha acordado introducir en Instagram y Facebook medidas de protección de los adolescentes y pagar hasta 18.000 millones de dólares para poner fin a una demanda judicial de decenas de estados de EE. UU. El entusiasmo está lejos de ser unánime entre las asociaciones de defensa de los menores, quienes consideran que las medidas difícilmente los protegerán, desde el momento en que podrán ser levantadas por los padres, auditadas solo durante cinco años y condicionadas, en buena medida, al comportamiento. Con estas medidas, les pasa la responsabilidad a las familias: si los niños y adolescentes siguen enganchados, será su culpa.

Un equipo de la Universidad de California (Estados Unidos) publica un artículo en el que cuestiona que la evidencia científica apoye la prohibición de redes sociales en adolescentes. Entre otras razones, aducen que los estudios que se han hecho hasta ahora sobre restringir el uso de redes se han realizado en adultos. Además, según señala una de las autoras en una nota de prensa, estos experimentos de restricción “muestran efectos débiles, nulos y mixtos, y el 40 % de los estudios experimentales señalan efectos nocivos (por ejemplo, menor satisfacción con la vida y mayor soledad) o ningún efecto de la restricción de las redes sociales”. Algunos de los autores, cuyo artículo se publica en Frontiers in Developmental Psychology, declaran tener vínculos con empresas relacionadas con la industria de las redes sociales. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes desde Dubái que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones. Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos y ha anunciado que la semana que viene el Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas, esa prohibición. 

Después de largas negociaciones, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE ―que representa a los Estados miembros― llegaban la pasada madrugada a un acuerdo provisional sobre el contenido de la ‘AI Act’, la futura ley que regulará el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa, la primera en todo el mundo. El acuerdo limita el uso de los sistemas de identificación biométrica por las fuerzas de seguridad, recoge normas para modelos de IA generativa como ChatGPT y contempla multas que pueden llegar a los 35 millones de euros a quien vulnere las normas, entre otras medidas. El texto ahora deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de convertirse en legislación de la UE. 

No tenemos tipos penales para castigar la pornografía sintética, ni suficientes medios para hacer las periciales forenses de los teléfonos de las víctimas y los victimarios, ni suficiente personal para tramitar estos procesos con celeridad. Con imponer una limitación de uso a entornos profesionales y virtuosos de las herramientas, solo para desarrolladores conocidos y para productos que no tengan finalidades que atenten contra el orden público, la intimidad ni sean delictivas, sería más que suficiente.