Josep Maria Suelves
Investigador del Behavioural Design Lab en el UOC eHealth Center, vocal de la junta directiva de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y de Baleares y vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
En España todavía fuma diariamente una de cada cinco personas de 15 años en adelante. El uso de tabaco y la exposición al humo ambiental causan anualmente el fallecimiento prematuro de más de 50.000 personas y un número muchísimo mayor de casos de enfermedades graves y un sufrimiento evitable tanto de las personas afectadas como de sus familiares. El número de fumadores tiende a disminuir lentamente en nuestro país —en parte, porque ha ido mejorando la protección de la sociedad para prevenir el inicio del tabaquismo en la adolescencia y también, porque muchas personas logran dejar de fumar tras algunos años de consumo—, pero la carga de enfermedad asociada al tabaco sigue siendo intolerablemente elevada.
El tabaquismo contribuye a aumentar las desigualdades en salud. Las personas con un menor nivel socioeconómico o educativo fuman más y comienzan a hacerlo antes que el resto de la población. Las mujeres que empezaron a fumar hace algunas décadas durante su adolescencia empiezan a mostrar un aumento de la mortalidad por cáncer y otras enfermedades asociadas al tabaco que hasta hace poco eran más frecuentes entre los hombres. Y algunos colectivos –como las personas sin hogar, internos en centros penitenciarios o quienes padecen diferentes trastornos mentales– incluyen proporciones de fumadores particularmente elevadas.
En los primeros años del siglo XXI, el impulso del Convenio Marco para el Control del Tabaco por parte de la Organización Mundial de la Salud favoreció una cascada de medidas legislativas internacionales y nacionales que hicieron posible la aprobación de la primera ley española sobre tabaco en 2005 y su principal actualización en 2010. Pese a la oposición inicial de algunos de los grupos de presión que habitualmente se oponen a las medidas de prevención y control del tabaquismo, como los sectores ligados a la producción y comercialización de productos del tabaco y algunas organizaciones del ámbito de la hostelería, las normas desarrolladas hace ya casi dos décadas continúan teniendo un impacto muy favorable sobre la salud colectiva y no han causado las consecuencias económicas negativas anunciadas por las voces más críticas.
Hace casi tres años, un equipo liderado por el Ministerio de Sanidad, apoyado por técnicos de las comunidades autónomas, elaboró un borrador de Plan Integral de Prevención y control del Tabaquismo (PIT). El texto fue después revisado para incluir las aportaciones de numerosas sociedades científicas y de diferentes instituciones de la Administración General del Estado, y finalmente se ha sometido estos días a la valoración de diferentes órganos del Consejo Interterritorial de Salud. Esta última etapa se ha visto acompañada de filtraciones y declaraciones centradas en las medidas que suscitan más interés mediático, alimentan la confrontación partidista y activan diferentes grupos de presión, como la prohibición de fumar en las terrazas descubiertas de cafeterías y restaurantes.
La adopción de medidas que limiten la exposición al humo y los aerosoles del tabaco y otros productos relacionados es indudablemente una estrategia efectiva para proteger la salud de la población, aunque seguramente requerirá la aprobación de iniciativas legislativas en las cámaras parlamentarias. Quizá no se haya prestado, en cambio, suficiente atención a otras líneas de actuación incluidas en los borradores del PIT y que son, por lo menos, igualmente urgentes, necesarias y efectivas:
- Revisión de la fiscalidad para aumentar el precio mínimo del tabaco. Actualmente el precio de venta de una cajetilla de cigarrillos en España está muy por debajo del de la mayoría de los países de nuestro entorno y hay pruebas de que el aumento de los precios reduce eficazmente el inicio del uso de tabaco en la adolescencia e incentiva el abandono del tabaquismo, sin menoscabar los recursos públicos.
- Introducción del empaquetado neutro de tabaco. Actualmente ya hay más de 20 países en todo el mundo que han introducido esta medida, que obliga a que todas las cajetillas tengan un aspecto exterior uniforme y a que cada marca se identifique únicamente con su nombre escrito con una tipografía homogénea. El empaquetado neutro de cigarrillos evita que las cajetillas sean soportes publicitarios y ayuda a reducir el inicio del tabaquismo en la adolescencia sin producir efectos contraproducentes anunciados por las multinacionales tabaqueras, como el aumento del contrabando.
- Actualización de la normativa que afecta algunos productos emergentes. El aumento del uso de productos relacionados con el tabaco en la adolescencia, como los cigarrillos electrónicos, aconseja reforzar el control de su promoción y comercialización, ya que promueven el inicio y la progresión en el consumo de tabaco y suponen riesgos para la salud.
- Desarrollo de campañas de comunicación para favorecer el abandono del tabaco y de programas de ayuda efectiva para dejar de fumar. La información, el consejo y diferentes medidas terapéuticas —conductuales y farmacológicas— han demostrado ayudar eficazmente a abandonar el tabaco y prevenir el desarrollo de las enfermedades que causa.
Tal como han reclamado el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y otras organizaciones sociales, científicas y profesionales del ámbito de la salud, es deseable que el debate político e institucional dé paso lo antes posible a esos avances urgentes para la salud pública.