Víctor de Lorenzo
Profesor de Investigación del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología
El marco normativo de la Unión Europea que regula la liberación en el medioambiente de organismos modificados genéticamente se estableció en una época en la que los conocimientos científicos sobre genética, ecología y microbiología ambiental eran mucho más limitados de lo que son hoy en día. En ese contexto, un enfoque de precaución era comprensible y estaba justificado. Sin embargo, los fundamentos científicos sobre los que se construyeron estas normativas han cambiado profundamente en las últimas dos décadas.
Los avances en biología molecular, ecología de sistemas, genómica y vigilancia ambiental han mejorado enormemente nuestra capacidad para comprender y predecir el comportamiento de los microorganismos en los ecosistemas naturales. Al mismo tiempo, la aparición de tecnologías precisas de edición genética ha difuminado la distinción entre los organismos criados de forma convencional y los modificados en el laboratorio. Muchas modificaciones genéticas modernas simplemente aprovechan los mecanismos naturales de variación genética, produciendo organismos que difieren solo marginalmente de las variantes que podrían surgir a través de procesos evolutivos naturales.
Es importante destacar que los debates en torno a los organismos modificados genéticamente deben distinguir claramente entre plantas y microorganismos. Se trata de sistemas biológicos fundamentalmente diferentes, desarrollados con fines distintos y asociados a diferentes patrones de uso, riesgo y beneficio social. Un marco regulatorio diseñado principalmente en torno a los cultivos agrícolas no debe aplicarse automáticamente a los microorganismos ambientales.
Cada vez se desarrollan más microorganismos modificados genéticamente para abordar algunos de los retos más acuciantes de la sociedad. Pueden reducir la dependencia de los fertilizantes químicos al potenciar la fijación biológica de nitrógeno, mejorar la productividad de los cultivos mediante interacciones beneficiosas con las raíces de las plantas, disminuir el uso de pesticidas químicos y contribuir a la remediación de suelos, aguas y emplazamientos industriales contaminados. También se han propuesto como herramientas para restaurar entornos dañados por conflictos militares y accidentes industriales. En estas aplicaciones, el objetivo no es únicamente el beneficio privado, sino la obtención de beneficios públicos cuantificables en la agricultura, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad.
Sin embargo, a pesar de estas oportunidades, el actual marco regulador europeo sigue siendo un obstáculo importante para el despliegue práctico de dichas tecnologías. Llevar un microorganismo modificado genéticamente desde el desarrollo en laboratorio hasta su aplicación en el medio ambiente suele requerir entre siete y diez años de procedimientos regulatorios, lo que impone costes e incertidumbres que desalientan la inversión y ralentizan significativamente la innovación. Como resultado, muchas tecnologías prometedoras nunca pasan de los estudios de prueba de concepto, a pesar de haber sido desarrolladas gracias a una inversión pública sustancial.
Los debates en curso en torno a la Ley Europea de Biotecnología II ofrecen una oportunidad única para modernizar este marco. La regulación debe seguir siendo rigurosa y basada en la ciencia, pero también debe ser proporcionada al riesgo real y adaptarse a los conocimientos científicos actuales. En particular, los procedimientos para probar y desplegar microorganismos beneficiosos en aplicaciones medioambientales deben simplificarse, acelerarse y hacerse más predecibles, al tiempo que se mantienen las salvaguardias y los mecanismos de seguimiento adecuados.
De no hacerlo, las consecuencias serían significativas. Europa corre el riesgo de perder el liderazgo en un campo tecnológico de importancia estratégica, mientras que otras regiones, en particular Estados Unidos y China, avanzan rápidamente hacia su implementación. Y lo que es más importante, impediría a los ciudadanos europeos beneficiarse de innovaciones que ya han ayudado a financiar a través de programas de investigación nacionales y europeos.
Por lo tanto, un marco regulador modernizado no es simplemente una cuestión de apoyar la innovación. Se trata de garantizar que los conocimientos científicos financiados con fondos públicos puedan traducirse en beneficios tangibles para el medio ambiente, la agricultura y la sociedad. Los contribuyentes europeos merecen un sistema que convierta la excelencia científica en soluciones para el mundo real, en lugar de permitir que tecnologías prometedoras permanezcan confinadas indefinidamente en el laboratorio en beneficio de otros.