Reacción a "El mundo ha entrado en la era de la bancarrota hídrica, según un nuevo informe de la ONU"

La idea de ‘bancarrota hídrica mundial’ que plantea el informe encaja bien con la evidencia científica acumulada en los últimos años y supone un cambio conceptual muy acertado respecto al enfoque clásico de ‘crisis del agua’. En mi opinión, el uso de esta terminología es, además, una estrategia particularmente eficaz desde el punto de vista de la gobernanza, ya que permite trasladar la gravedad de la situación a gestores y responsables políticos acostumbrados a operar con marcos económicos y financieros. El paralelismo con una bancarrota ayuda a entender que no se trata de un problema coyuntural o reversible, sino de haber vivido durante décadas por encima de los ‘ingresos hídricos’, consumiendo capital natural, como los ríos, humedales, acuíferos, suelos o glaciares, hasta niveles que ya no permiten recuperar las condiciones del pasado. En este sentido, el informe no describe una amenaza futura, sino un diagnóstico de la situación actual, coherente con la evidencia sobre agotamiento de aguas subterráneas, degradación de ecosistemas acuáticos, deterioro de la calidad del agua y sequías cada vez más antropogénicas, y obliga a replantear las políticas del agua desde una lógica de límites biofísicos y adaptación estructural.  

Respecto a si estamos en un punto de no retorno, el informe es claro al señalar que no todos los sistemas están ‘en bancarrota’, pero sí suficientes como para que el riesgo sea global y sistémico. En Europa, aunque tradicionalmente se perciba como una región menos vulnerable, los problemas son evidentes: sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas agrícolas intensivas; degradación de ríos y humedales; pérdida de calidad del agua por contaminación difusa y urbana; y una creciente frecuencia de sequías prolongadas, especialmente en el Mediterráneo. La principal implicación para Europa es que no puede seguir abordando la escasez únicamente mediante mejoras de eficiencia, reutilización o nuevas infraestructuras, sin una revisión profunda de la demanda, los usos del suelo y los modelos productivos. El informe apunta a la necesidad de aceptar que algunos impactos son irreversibles y que la gestión del agua debe orientarse a prevenir más daños, redistribuir riesgos y costes de forma justa y adaptar los sistemas socioeconómicos a una disponibilidad de agua estructuralmente menor.