Reacción a "El 10 % de las personas que más gastan en el mundo son responsables de daños ambientales de entre 1,7 y 5,7 billones de dólares"

El estudio cuenta con la participación de investigadores de la Universidad de Leiden y el Oxford Martin School de Oxford, y está publicado en Communications Sustainability, revista del grupo Nature con revisión por pares. Los datos están disponibles públicamente para su verificación independiente y la metodología es sólida. Este artículo ofrece una visión útil sobre la desproporción en la responsabilidad ambiental y, a su vez, se queda en la escala donde los problemas se identifican sin llegar al nivel donde se resuelven. Desde la planificación territorial, la experiencia indica que las políticas ambientales globales solo tienen impacto real cuando se traducen en soluciones concretas: qué especies proteger y dónde, qué cuenca hidrográfica necesita qué medida de adaptación, qué comunidad rural puede protagonizar qué transición. Sin ese aterrizaje, los billones de dólares de "factura ambiental" que calcula el estudio son cifras sin consecuencias prácticas.

Encontrar soluciones, aunque sean intermedias, requiere considerar tres elementos de forma simultánea. El primero son marcos regulatorios con límites físicos reales, no solo económicos: hay daños ecosistémicos que no se compensan con dinero y que deben prohibirse con independencia de la capacidad de pago del causante. El segundo es la responsabilidad de cadena completa, porque no puede seguir permitiéndose que los países consumidores exporten su impacto ambiental a los países productores y contabilicen una huella limpia. El tercero es la inversión sostenida en gobernanza local: los territorios que albergan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que queremos conservar necesitan fortalecer su capacidad técnica, sus recursos y su participación real en las decisiones, no limitarse a ser receptores de políticas diseñadas lejos de su realidad.

El principio de quien contamina paga es necesario, pero la experiencia ha demostrado que no es suficiente. El estudio además utiliza el gasto monetario como indicador del daño ambiental, lo que deja fuera patrones de consumo masivo y barato cuya huella real puede ser igual o más destructiva. Alto gasto no equivale necesariamente a mayor daño, ni bajo gasto a inocencia ambiental. Lo que hace falta es que quien conserva también cobre, que las comunidades rurales que mantienen ecosistemas funcionales reciban el reconocimiento económico e institucional que hoy se les niega, y que la planificación territorial basada en evidencia científica actúe como puente entre los acuerdos globales y las decisiones que se toman a escala de una cuenca, un corredor ecológico o un municipio de cien habitantes.