Autor/es reacciones

José César Perales

Catedrático en el departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada

En primer lugar, es importante señalar que este artículo no corresponde a un trabajo empírico, sino que se trata del documento resultante de las deliberaciones de la Lancet Psychiatry Commission on Global Action on Problematic Usage of the Internet, esto es, del conjunto de expertos y expertas comisionados por la revista The Lancet Psychiatry para establecer una posición sobre la necesidad de conceptualizar y abordar el uso problemático de internet (PUI, por sus siglas en inglés) a nivel mundial desde una perspectiva de salud pública.

Aunque bienintencionado, dicho documento no sigue las recomendaciones estandarizadas para que la selección de expertos y expertas sea lo suficientemente representativa de la diversidad existente en términos geográficos o teóricos y, por tanto, su valor recae en la autoridad de las personas que componen la comisión. Para un observador conocedor del área, resulta evidente que parte de las y los investigadores más relevantes del campo, y especialmente aquellos y aquellas que podrían aportar una visión más crítica o escéptica con la posición desarrollada en el artículo, no forman parte de la comisión. En otras palabras, la comisión es, en muchos sentidos, excesivamente homogénea.

Más allá de la identidad de sus integrantes, la revisión de la literatura que se ofrece está lejos de ser sistemática, de tal manera que se realiza una exposición selectiva de la evidencia que apoya las posturas descritas en el texto, a costa de omitir aquella que no lo hace.

Estas críticas se resumen en los siguientes puntos:

  1. Internet no es una conducta o una actividad, sino un ecosistema extremadamente extenso y diverso en el que tienen lugar innumerables conductas distintas. Hablar de 'uso problemático de internet' es conceptualmente similar a hablar de 'uso problemático del entorno urbano', lo que sonaría a todas luces ridículo. Nótese que cuando se habla de subtipos de PUI actualmente reconocidos en los sistemas diagnósticos (trastorno por juego de azar, uso compulsivo de pornografía online y trastorno por uso de videojuegos), en realidad se está hablando de conductas que pueden ser patológicas independientemente de que se realicen online u offline. En otras palabras, crear una categoría genérica para internet puede, de hecho, diluir formas de conducta patológicas que lo son no por el entorno en el que se realizan, sino por la propia naturaleza de esas conductas y el impacto que tienen en la calidad de vida de las personas. Indirectamente, eso puede conducir a la trivialización de esos problemas al percibirse como análogos a otros cuya gravedad real es mucho menor.
  2. Se asume de partida la idea de que el uso problemático de internet puede abordarse desde el modelo de adicción, afirmándose sin base que existen una evidencia extensa y un acuerdo generalizado sobre la adecuación de ese modelo. Aunque eso puede ser cierto para, por ejemplo, el trastorno por juego de azar (independientemente de si se practica dentro o fuera de internet), está muy lejos de existir acuerdo, ni siquiera mayoritario, para otras actividades como el uso de redes sociales o el visionado de canales de streaming. Gran parte de los autores y autoras en la materia han presentado modelos teóricos alternativos que explican en buena medida por qué ciertas actividades online pueden tornarse problemáticas sin conceptualizarlas como adictivas. En relación con este punto, igualmente, se asume sin crítica que los patrones oscuros presentes en algunas aplicaciones digitales pueden definirse como adictivos por el simple hecho de dificultar el control efectivo por parte de las personas que las usan. Se habla del autoplay o el scroll infinito como ejemplo de dichos patrones oscuros, pero la evidencia disponible no permite establecer que las razones por las que esas características puedan facilitar un uso excesivo o inmersivo sean siquiera similares a las razones por las que las drogas de abuso resultan adictivas. Existe una evidente sobreinterpretación de la evidencia biológica disponible para apoyar ese paralelismo. Ello no quiere decir que esas características no sean potencialmente dañinas para algunas personas, pero definirlas como adictivas implica una importante confusión conceptual. A este respecto, y en línea con lo señalado anteriormente, es importante hacer notar que una parte considerable de las y los autores que han realizado este informe provienen de una tradición investigadora que defiende una aproximación teórica cercana a la extensión laxa del modelo de adicción a toda una variedad de conductas que no involucran el uso de sustancias. En cierto modo, su postura teórica implica un riesgo de sesgo a la hora de valorar y presentar la evidencia.
  3. Por último, a la hora de elaborar recomendaciones de salud pública, las y los autores defienden un concepto restrictivo del principio de precaución similar al que se ha aplicado anteriormente a otros vectores de daño potencial como el alcohol, el tabaco o el juego de azar. Sin embargo, existen distintos posicionamientos filosóficos y políticos sobre cómo de estricta o restrictiva debe ser la aplicación del principio de precaución en función de la naturaleza del riesgo. Es evidente que el alcohol, el tabaco o el juego de azar son nocivos en dosis pequeñas o moderadas y, lo que es más importante, restringir su uso no afecta de forma severa a los derechos y libertades individuales. Sin embargo, tal y como se reconoce en el documento, el uso de internet implica riesgos, pero también posibilidades constructivas, saludables e incluso necesarias. Y no solo eso: restringir el acceso a determinadas aplicaciones o plataformas digitales puede afectar negativamente a la libertad de expresión y comunicación, al desarrollo integral y al acceso a la información. Los posibles riesgos no se derivan solo de la actividad en sí, sino también de las medidas que puedan tomarse para combatirlos, por muy bienintencionadas que sean. Un ejemplo de ello puede encontrarse en el reciente caso australiano, donde la prohibición de acceso de los menores de 16 años a redes sociales no solo no parece estar teniendo los efectos deseados, sino que puede estar provocando efectos indeseados en un porcentaje no desdeñable de las personas a las que se pretendía proteger.

En resumen, aunque reconozco la buena intención del documento y la necesidad de abordar desde la evidencia los riesgos presentes en el entorno digital, tengo dudas más que razonables de que la aproximación a ellos sea apropiada o de que represente una posición mayoritaria entre expertas y expertos en la materia. Por una parte, porque hablar de PUI es excesivamente genérico para capturar la naturaleza múltiple de las conductas potencialmente problemáticas que pueden realizarse online, y, por otra, porque priorizar el modelo de adicción sobre otras alternativas más fieles a la evidencia impone un prisma teórico sumamente restringido para entender y abordar los posibles daños derivados de esas conductas.

ES