Salvador Peiró
Epidemiólogo, investigador en el Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología de la Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) y director de Gaceta Sanitaria, revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
El trabajo de Kunichoff et al., publicado en Plos Global Public Health y haciendo un ingenioso uso de imágenes de satélite previamente publicadas en la prensa general, describe cómo entre octubre y mediados de noviembre de 2023 centenares de bombas Mark-84 (con una enorme capacidad destructiva, incluso a cientos de metros del lugar de explosión) fueron detonadas suficientemente cerca del 84 % de los hospitales de Gaza como para causar ‘daños y lesiones’ (menos de 800 metros) y a una distancia ‘letal’ (menos de 350 metros) del 25 % de esos hospitales. Y tanto en el norte de la Franja como en la supuestamente segura zona de evacuación definida por Israel.
Los hospitales dentro de estos rangos de distancia habrán sufrido daños en sus infraestructuras y víctimas humanas, tanto entre los pacientes y profesionales sanitarios como entre la población civil que (en vano) buscaba refugio en sus cercanías debido a que son infraestructuras especialmente protegidas por el derecho humanitario internacional. Adicionalmente, el daño en las carreteras, electricidad o instalaciones de agua, etc., habrá afectado el acceso a los hospitales y a sus suministros, y dificultado la atención a muchos pacientes graves.
En resumen, el estudio comentado prueba que Israel, obviando el derecho internacional más básico gracias la impunidad que le está garantizando Estados Unidos, ha venido considerando a los hospitales, profesionales sanitarios y pacientes como un objetivo militar legítimo. Crímenes de lesa humanidad. Sin paliativos.