Ángel Hernández Merino
Pediatra y colaborador del Comité Asesor de Vacunas, de la Asociación Española de Pediatría y de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
La reducción del número de casos de sarampión en la Región Europea de la OMS desde 127.412 en 2024 a solo 33.998 en 2025 (reducción del 73,3 %) es un dato muy interesante que solo puede despertar esperanza, pues significa que, además de los factores derivados de las dinámicas biológica y epidemiológica propias del virus, las medidas tomadas tras el dato de 2024 han contribuido sustancialmente a la reducción de casos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la Región Europea de la OMS comprende un conjunto de 53 países con características muy heterogéneas de Europa y Asia central, y que, como dice la propia OMS, no todos los países han experimentado esta reducción de casos.
El ECDC, sobre datos del ámbito de la UE/EEE, también ha constatado una reducción global de casos de 2024 a 2025 (más de 35.000 casos en 2024 y 7.655 en 2025).
Resulta muy llamativo, sin embargo, que este comportamiento global registrado en la Región Europea de la OMS y en el ámbito de la UE/EEE sea tan diferente a lo observado en España. En nuestro país, los casos confirmados en 2025 casi han duplicado los de 2024, pasando de 227 en 2024 a 397 en 2025, lo que constituye un incremento del 74,8 %.
El dato referido a la UE/EEE es, probablemente, más relevante que el referido a la Región Europea de la OMS pues hay mayor uniformidad entre los países implicados y España entre ellos.
Resulta necesario, en consecuencia, insistir en que el riesgo de exposición al virus sigue siendo importante en nuestro medio y que debe llevarse a cabo un estudio y debate transparente sobre las condiciones que han determinado el aumento de casos en España y las medidas que hay que adoptar. Entre estas se encuentran: evitar la exposición al virus de los menores de un año, no demorar la primera dosis al cumplir los 12 meses, adelantar la segunda dosis (como ya ha hecho, oficialmente, Andalucía), búsqueda activa de susceptibles entre los adultos nacidos después de 1978 y entre la población inmigrante con vacunación sin demora en los casos necesarios, reforzar la capacidad de detección de casos sospechosos en los servicios sanitarios asistenciales, etc. Y todo ello sin demora, implicando a autoridades sanitarias, servicios de salud autonómicos, medios de comunicación y la propia ciudadanía.