Reacción a "La COP17 sobre biodiversidad concluye con acuerdos de mínimos "

La Conferencia de las Partes, o COP, es el órgano de decisión de un convenio internacional. La COP de Biodiversidad lleva ya 17 reuniones desde que se celebró la primera en 1994, destinada a establecer los mecanismos institucionales, financieros y científicos necesarios para aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado dos años antes, en 1992. En 2022 se celebró la COP15, en la que se adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, probablemente, el acuerdo más relevante de las últimas décadas en materia de conservación de la biodiversidad. En él se establecieron cuatro grandes objetivos para 2050 y 23 metas para 2030, entre ellas, conservar eficazmente al menos el 30 % de las superficies terrestres, aguas continentales y marinas, y someter a restauración efectiva al menos el 30 % de los ecosistemas degradados. La primera de estas metas es conocida como 30 × 30 y ha suscitado importantes críticas por las restricciones que podría imponer a determinados usos agrícolas, ganaderos, forestales o pesqueros.

En el fondo, este debate refleja un conflicto más profundo entre la búsqueda de beneficios económicos a corto plazo y la necesidad de conservar los sistemas naturales que hacen posible la vida. Durante demasiado tiempo, buena parte del desarrollo económico ha ignorado los costes ambientales de sus actividades, trasladando sus consecuencias al conjunto de la sociedad, a las generaciones futuras y a la propia naturaleza. Sin embargo, la evidencia científica es cada vez más contundente: asistimos a una pérdida acelerada de biodiversidad, a la degradación de los ecosistemas y al aumento del riesgo de extinción de numerosas especies. Paradójicamente, muchas de las actividades económicas responsables de este deterioro dependen del funcionamiento de los mismos sistemas naturales que contribuyen a destruir. Más allá del enfrentamiento, a veces enconado, entre distintas concepciones del progreso, se trata de reconocer que el desarrollo económico no puede crecer indefinidamente a costa de unos recursos naturales limitados y que los beneficios inmediatos no pueden justificar cualquier transformación irreversible de la naturaleza. ¿Es posible un modelo de desarrollo que genere bienestar y riqueza sin destruir las condiciones ecológicas que hacen posible nuestra existencia? ¿Y puede alcanzarse ese modelo sin cuestionar cómo se genera y distribuye la riqueza?

Cuatro años después de la aprobación del Marco de Kunming-Montreal, existe un amplio reconocimiento internacional de que los avances siguen siendo insuficientes. Ahora acaba de finalizar la COP17, en la que se ha acordado impulsar la llamada Ruta de Ereván, destinada a acelerar la aplicación de los compromisos anteriores. Entre sus prioridades figuran facilitar la ejecución de los planes nacionales de conservación y restauración, movilizar recursos técnicos y financieros, integrar la biodiversidad en las políticas públicas y reforzar las capacidades científicas necesarias para disponer de información fiable sobre su estado y evolución. El principal problema es que estos compromisos no garantizan por sí mismos los recursos económicos, las reformas normativas ni las actuaciones territoriales necesarias. Además, declarar protegida una determinada superficie no significa necesariamente conservar eficazmente la biodiversidad que alberga. La gestión de esos espacios resulta fundamental, pero también existen amenazas, como el cambio climático o la contaminación, que no entienden de límites administrativos.

La distancia entre las metas y la realidad resulta todavía más preocupante si consideramos que, según los datos disponibles en octubre de 2026, las áreas protegidas y otras medidas eficaces de conservación apenas abarcan el 19 % de las tierras y aguas continentales y el 10 % de los océanos. Y estas cifras expresan fundamentalmente la superficie reconocida bajo alguna figura de conservación, no necesariamente su eficacia para mantener especies y ecosistemas. Por todo ello, las perspectivas siguen siendo preocupantes tras esta reciente COP. La Ruta de Ereván representa un nuevo esfuerzo de coordinación internacional, pero la insuficiencia de la financiación, la lentitud en la aplicación de las medidas y la persistencia de actividades económicas perjudiciales para la naturaleza comprometen seriamente el cumplimiento de los objetivos para 2030. El problema ya no es tanto alcanzar acuerdos sobre la necesidad de conservar la biodiversidad como conseguir que esos acuerdos transformen realmente nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza.