Pablo Gago
Científico titular en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en el CSIC (IDAEA-CSIC) y profesor invitado en la SLU Swedish University of Agricultural Science (Suecia)
El estudio es de alta calidad científica y destaca por su ambición y solidez metodológica. Integra datos globales de contaminación por PFAS en el medio marino, modelos de bioacumulación en redes tróficas, consumo de pescado y comercio internacional, cubriendo más del 99 % de la producción mundial de pescado marino. Este enfoque permite ir más allá de estudios locales o puramente analíticos y aporta una visión sistémica inédita sobre cómo la exposición humana a PFAS no depende solo de la contaminación ambiental local, sino también de las dinámicas del comercio global de alimentos. Los resultados encajan bien con la evidencia previa que identifica al pescado como una fuente relevante de exposición dietética a PFAS, pero añaden un elemento clave: la redistribución internacional del riesgo, con Europa como actor central en los flujos de exposición, incluso hacia países con niveles ambientales relativamente bajos.
Desde el punto de vista de la salud pública, el trabajo refuerza la preocupación por los C8-PFAS (PFOA y PFOS), compuestos muy persistentes, bioacumulativos y asociados en numerosos estudios a alteraciones endocrinas, inmunológicas, metabólicas y del desarrollo, así como a un mayor riesgo de ciertos cánceres. Aunque el estudio se basa en evaluación de riesgo (hazard index) y no en efectos clínicos directos, sus resultados tienen implicaciones regulatorias claras: muestran que las restricciones aplicadas a PFOS han sido eficaces, pero también que los PFAS de cadena larga no regulados siguen representando un riesgo elevado, especialmente, a través del comercio alimentario.
Una limitación que tener en cuenta es que el análisis se centra únicamente en pescado marino y no incluye otras fuentes dietéticas o ambientales, por lo que la exposición total puede estar infraestimada. Aun así, el trabajo aporta evidencia robusta para apoyar políticas de seguridad alimentaria más estrictas, criterios de control en el comercio internacional y una regulación más amplia de los PFAS como grupo, en lugar de abordar los compuestos de forma individual.