Desde el comienzo del siglo XX, las empresas dedicadas a la elaboración y distribución de productos del tabaco han estado desarrollando todo tipo de actividades para promover su consumo, ocultando activamente las pruebas científicas que iban acumulándose sobre los daños que tanto el tabaquismo activo como la exposición involuntaria al humo de tabaco causan a la salud individual y colectiva. Para seguir asegurando un beneficio económico que obtienen a costa del padecimiento de millones de seres humanos –se estima que el tabaco causa anualmente 8 millones de muertes prematuras en todo el planeta–, las multinacionales tabaqueras no dudaron en ocultar los datos que demostraban tanto la capacidad adictiva de la nicotina como la relación entre el uso de cigarrillos y numerosas enfermedades. Mientras continuaban oponiéndose a cualquier medida política de prevención y control del tabaquismo, las empresas tabaqueras no han tenido reparos a la hora de lanzar al mercado nuevos productos que prometían proteger de los daños que ellas mismas causaban, desde el filtro de los cigarrillos a los más recientes productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos, pasando por los productos light. Tampoco han dudado en reclutar investigadores y hacerse con el control de empresas del sector de la salud para blanquear sus actividades y difundir informaciones sesgadas. 

A pesar de que el Convenio Marco para el Control del Tabaco, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), insta a los estados a proteger las políticas de salud de la interferencia de la industria del tabaco, siguen necesitándose acciones que aseguren que los intereses económicos de las tabacaleras no perjudiquen los avances en el ámbito científico y de la salud pública. Precisamente el lema escogido por la OMS para la celebración del Día Mundial sin Tabaco en 2024 vuelve a referirse a la necesidad de proteger la infancia frente a cualquier interferencia de la industria. 

La investigación que acaba de publicar el BMJ muestra que, aunque algunas revistas científicas han adoptado medidas para prevenir la publicación de resultados sesgados –o simplemente falsos– por conflictos de intereses con la industria del tabaco, tan solo unas pocas prohíben expresamente la publicación de estudios financiados por las tabaqueras y no es excepcional que incluso en esas revistas se acaben publicando trabajos en los que se declaran conflictos de intereses derivados de la financiación por empresas vinculadas a las multinacionales tabaqueras. El compromiso de reforzar los cortafuegos entre la industria tabaquera y los contenidos publicados que han adoptado los editores de las revistas del grupo BMJ es, sin duda, una medida en la buena dirección.