El artículo es de enorme relevancia para poner énfasis en la necesidad de mejorar las estrategias para disminuir el altísimo impacto sociosanitario y económico que acarrea el ictus a nivel mundial. Así, el artículo posiciona al ictus como uno de los principales problemas de salud de nuestra sociedad (segunda causa de muerte a nivel mundial y la segunda de discapacidad en adultos), pero no solo para los propios enfermos, sino para las familias y la sociedad en general. El ictus condiciona secuelas a largo plazo que implican una importante carga económica en cuidados. Los costes directos (es decir, tratamiento y rehabilitación) e indirectos (teniendo en cuenta la pérdida de productividad) del ictus a nivel mundial se calculan en más de 891.000 millones de dólares anuales. El ictus también es una de las principales causas de depresión y demencia, que son otros síntomas comunes de enfermedades no transmisibles (ENT).  

El artículo hace previsiones de pronóstico en base al cálculo de la mortalidad y de los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), tanto de vida productiva como de calidad de vida. Estos pronósticos de carga de ictus se basan en estimaciones de mortalidad, incidencia y prevalencia del GBD [el estudio de la carga mundial de morbilidad] 2019, asumiendo que los procedimientos médicos y que la prevención serán los mismos en 2050 que en 2019.  

El trabajo resalta, además, que tendremos un problema para cumplir el objetivo 3.4 de Desarrollo Sostenible de la OMS, que indica la necesidad de reducir la carga del ictus como parte del objetivo general de reducir la carga de enfermedades no transmisibles en un tercio para 2030.  

Es preocupante que se prevé que el número absoluto de muertes aumentará en países con ingresos bajos-medios (sudeste asiático, Asia oriental y Oceanía, América Latina, América y Caribe, norte de África y Oriente Medio, superregiones de Asia meridional y África subsahariana). Múltiples factores contribuyen a la elevada carga de ictus en países de ingresos bajos y medios, incluidos hipertensión no detectada y no controlada, falta de acceso a servicios de salud de alta calidad, atención e inversión en prevención insuficientes, contaminación del aire, crecimiento demográfico, estilos de vida poco saludables (por ejemplo, mala alimentación, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, etc.) y, además, porque existe una mayor carga de enfermedades infecciosas que generan competencia en una situación de cantidad limitada de recursos sanitarios. 

El número de muertes en personas menores de 60 años en 2050 se prevé que será aproximadamente el mismo que el de 2020. También se pronostica una disminución en la tasa de ictus estandarizada por edad por 100.000 personas-año en ambos grupos de edad (menores y mayores de 60 años), aunque la reducción es menos acusada en menores de 60 años, probablemente por el aumento de factores de riesgo vascular y hábitos de vida no saludable en los más jóvenes.  

En el artículo se realizan propuestas para mejorar la situación en base a cuatro pilares: vigilancia, prevención, cuidados agudos y rehabilitación. 

Algunas de estas propuestas son muy importantes, de las que resaltaría:  

• Necesidad de establecer sistemas de vigilancia costo-efectivos para proporcionar datos epidemiológicos precisos sobre ictus para guiar la prevención y el tratamiento. Establecimiento de un marco para monitorizar y evaluar la carga del ictus (y sus factores de riesgo) y servicios de atención al ictus a nivel regional y nacional; hoy en día en casi ningún país europeo existen registros nacionales específicos sobre la atención al ictus con posibilidad de evaluar periódicamente indicadores de calidad. Es, por tanto, una necesidad que debería implementarse como prioridad a nivel gubernamental. En Europa se está trabajando en la iniciativa SAPE (Stroke Action Plan for Europe), con la intención de homogeneizar los cuidados y valorar indicadores de forma periódica. Sin embargo, esta es una ardua tarea si no existen registros nacionales específicamente diseñados con tal fin y auditados.   
• Necesidad de promocionar servicios interdisciplinarios de atención de ictus, formación para cuidadores y desarrollo de capacidades para la salud comunitaria. En estos servicios interdisciplinares deberían existir no sólo neurólogos, sino también enfermería especializada, rehabilitadores, fisioterapeutas, trabajadores sociales y especialistas en salud mental. 
• Necesidad de aumentar la conciencia pública y la adopción de medidas para mejorar los estilos de vida saludables y prevenir el ictus mediante el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en toda la población. Favorecer tecnologías digitales, como vídeos y aplicaciones de formación y sensibilización. 

Es muy relevante entender que los agentes implicados para condicionar cambios en la devastadora realidad del ictus a nivel global no son solo los proveedores de servicios de salud sino también las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y, especialmente, los responsables políticos a nivel gubernamental. Así, por ejemplo, deben establecerse, entre otras, políticas encaminadas a la reducción de la contaminación ambiental, siendo este uno de los factores cada vez más asociados a la incidencia del ictus, al igual que políticas que se encaminan a reducir el consumo de productos poco saludables, como las bebidas azucaradas y los productos procesados, el alcohol y el tabaco. Es primordial mejorar las condiciones socioeconómicas y reducir la pobreza, favorecer la cobertura sanitaria universal y realizar periódicamente campañas de salud pública para crear conciencia sobre el ictus y los factores de riesgo asociados.