La sentencia del TJUE contra España por incumplir la directiva europea de calidad del aire pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas drásticas. No se trata de una moda, ni es una cuestión puramente cosmética: se trata de prevenir muertes prematuras y enfermedades. Se estima que la mala calidad del aire causa 300.000 muertes evitables por año en la UE, además de millones de nuevos casos de asma y bronquitis en la población infantil y de enfermedades cardiovasculares, ictus, diabetes, EPOC, neumonía o cáncer en adultos.  

Las ciudades en general —y Barcelona y Madrid, en particular— son focos de contaminación atmosférica y, pese a que, con mayor o menor decisión, las administraciones han tratado de adoptar medidas, a la vista está que el ritmo de actuación no es lo suficientemente rápido, en parte como consecuencia de una oposición que desde el punto de vista científico resulta injustificada.  

El castigo a España resulta especialmente alarmante porque la sentencia se produce por incumplir unos límites de contaminación del aire que, en realidad, ya están obsoletos. Tras examinar la gran cantidad de literatura científica acumulada, la OMS decidió en 2021 rebajar de manera notable los límites máximos de contaminación atmosférica recomendados, pasando de 40 a 10 µg/m3 para el dióxido de nitrógeno (NO₂). En octubre de este mismo año conocimos la propuesta de la Comisión Europea de rebajar los límites permitidos en su directiva de calidad del aire de 40 a 20 µg/m3 para NO₂.  

Si España ha sido castigada por su incapacidad para cumplir con el límite de 40 µg/m3 en la media anual de NO₂, ¿cómo hacer para rebajar la contaminación hasta la mitad o, mejor aún, hasta los 10 µg/m3 que establece la OMS y que según la evidencia son mucho más seguros para la salud?  

Sabemos que no existe una varita mágica y que ninguna medida por sí sola puede reducir la contaminación del aire. El camino pasa por paquetes de medidas políticas, acompañadas por una toma de conciencia ciudadana. Debemos reducir el tráfico motorizado privado en las ciudades y hacerlo más limpio. El transporte público y la movilidad activa deben ampliarse y reforzarse en las áreas metropolitanas. Tenemos que conseguir que el desplazamiento en transporte público sea más rápido que los trayectos en vehículo privado.  

La hoja de ruta pasa necesariamente por sustituir el asfalto por espacios verdes y apostar por intervenciones que permitan reverdecer las ciudades y eliminar tráfico contaminante. Debemos transformar las autopistas urbanas en calles y aplicar y hacer cumplir un límite de velocidad de 30 km/h en todo el casco urbano. Las zonas de bajas emisiones han demostrado ser un elemento útil: es preciso ampliarlas y restringir su uso a vehículos todavía menos contaminantes. Debemos ampliar la infraestructura de carriles bici, incluso más allá de los límites municipales. Y eliminar el tráfico en un radio de al menos 200 metros alrededor de las escuelas.  

El coche eléctrico no es la panacea: resulta caro, su introducción es lenta y no pone remedio al gran error por el que hemos cedido la mayor parte de nuestro espacio público al tráfico motorizado en detrimento de las personas. Sin embargo, el vehículo eléctrico sí que debería ser la alternativa para el transporte público, incluyendo los taxis. También habría que desterrar de las ciudades las motos ruidosas y contaminantes y sustituirlas por motos eléctricas. Y exactamente lo mismo con los vehículos de reparto, donde además de electrificar la flota sería conveniente acabar con el reparto puerta a puerta y apostar por un sistema basado en puntos de recogida.   

Con todo ello no solo evitaremos muertes y casos de enfermedad, sino que al mismo tiempo estaremos adoptando medidas contra la gran amenaza que supone el cambio climático. Por supuesto que no se trata de un camino fácil. Requiere esfuerzos adicionales por parte de todos y todas, pero es necesario para proteger la salud pública y garantizar un entorno urbano saludable para nosotros y para las generaciones futuras.