El 10 de noviembre arrancará la COP30 en Belém, ciudad brasileña y puerta de entrada a la Amazonia. Las expectativas son altas porque coincide con el décimo aniversario del Acuerdo de París, cuyo objetivo de limitar el aumento de temperatura a 1,5 ºC quedó pulverizado en 2024. Además, este año los países tienen que presentar una nueva versión de sus medidas para luchar contra el cambio climático en un contexto geopolítico convulso, marcado por el abandono de la administración Trump de la agenda climática. 

En 2050, el volumen total de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Europa alcanzará entre 12,5 y 19 millones de toneladas, comparado con los 10,7 millones de toneladas –unos 20 kilogramos por persona– en 2022, según el informe 2050 Critical Raw Materials Outlook for Waste Electrical and Electronic Equipment. De este volumen, solo el 54 % fue recogido y tratado correctamente en 2022. Además, de un millón de toneladas métricas de materias primas críticas como el cobre, el aluminio o el silicio, presentes en estos residuos, ni la mitad fue recuperada con éxito, estima el informe.

El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ha emitido su opinión consultiva: los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la adaptación al cambio climático. 

Hoy a las 15:00 CEST el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, hará público su dictamen consultivo sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático y las consecuencias jurídicas de dichas obligaciones. El caso tiene su origen en una iniciativa de jóvenes del Pacífico, retomada por el pequeño país insular de Vanuato, que lideró una coalición de 132 países para solicitar un dictamen. Se espera que determine si los países grandes que más contaminan deben ser responsables de los daños causados a las pequeñas naciones insulares. 

Tras el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y Consejo Europeo hace unos meses, hoy el Parlamento Europeo ha aprobado en el Pleno un acuerdo político provisional con los países de la UE con nuevos requisitos para mejorar la calidad del aire para 2030. El acuerdo establece límites y objetivos más estrictos para varios de los contaminantes con un grave impacto en la salud, incluyendo las partículas (PM_2,5, PM₁₀), NO₂ (dióxido de nitrógeno) y SO₂ (dióxido de azufre). La ley tiene que ser adoptada ahora por el Consejo, antes de publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los países de la UE dispondrán de dos años para aplicar las nuevas normas. 

En 2022, en todo el mundo se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, una cifra un 82 % superior a los 34 millones de toneladas registradas en 2010, según un informe de las Naciones Unidas. La cifra del 2022 representa una media de 7,8 kilogramos per cápita y por año a nivel mundial, un dato que se sitúa en los 19,6 kg en España. Solo el 22,3 % de esta cantidad de residuos electrónicos globales se registró como recogida y reciclada de manera respetuosa con el medio ambiente, afirma el Global E-waste Monitor 2024. 

Un estudio basado en datos del Mapa Mundial de Justicia Ambiental contabiliza 81 mujeres asesinadas en el mundo por su activismo ambiental, una de ellas en España, 7 en Colombia, 5 en Honduras y 4 en Perú, entre otros países. El estudio, publicado en Nature Sustainability, indica que la violencia hacia las mujeres defensoras se concentra en conflictos alrededor de proyectos mineros, agrícolas e industriales en el Sur Global. La primera autora del estudio es Dalena Tran, investigadora del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals en la Universitat Autònoma de Barcelona.  

El Consejo de Participación de Doñana ha analizado este lunes en una reunión extraordinaria la proposición de ley presentada en el Parlamento de Andalucía que pretende ampliar los regadíos legales en la zona. El Gobierno andaluz mantiene su apoyo a la nueva norma, que mañana miércoles inicia su debate parlamentario con la propuesta de toma en consideración de la proposición. Por su parte, el director de la Estación Biológica de Doñana Eloy Revilla en su intervención en el Consejo alertaba del deterioro generalizado del sistema de lagunas y señalaba que “la explotación actual del acuífero no es sostenible”. “España está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat”, afirmaba. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han avisado de que llevarán la norma al Tribunal Constitucional.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por no haber tomado las medidas necesarias para impedir el incumplimiento continuado de los límites de contaminación del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona entre 2010 y 2018. También incluye a Baix Llobregat entre 2010 y 2017.

Hoy la Comisión Europea ha propuesto revisar las directivas sobre la calidad del aire y del agua de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entre ellas, se reduciría a más de la mitad el valor límite anual de partículas finas (PM_2.5).