Un informe de la ONU denuncia el impacto de la extracción de minerales críticos en la salud de los más vulnerables

Estudio muy relevante con gran documentación fotográfica que evidencia el impacto social y ambiental, principalmente sobre el hemisferio sur, derivado de la extracción de materias primas estratégicas para la transición energética, la economía circular y la descarbonización impulsadas por los países del hemisferio norte.

La creciente demanda de minerales críticos para cumplir los compromisos del Acuerdo de París está trasladando una parte sustancial de los costes ambientales y sociales a los países proveedores, en su mayoría, economías en desarrollo. El estudio nos indica que estos países son, en su mayoría, países menos desarrollados, donde no se garantizan las condiciones laborales ni de seguridad para la extracción de los metales preciosos con garantías. Además, en muchas ocasiones, la escasez de agua potable agrava los problemas de la población al extraer estos minerales, ya que contamina las aguas superficiales reduciendo la capacidad de acceso al agua de la población.

El documento aporta datos objetivos que subrayan la necesidad de una regulación internacional armonizada que establezca criterios ambientales, sanitarios y sociales exigibles a escala global. Mientras que en numerosos países del hemisferio norte existe una elevada sensibilidad social frente a los riesgos asociados a la minería —incluyendo el bloqueo de proyectos extractivos por oposición ciudadana—, en diversos países africanos y latinoamericanos (por ejemplo, República Democrática del Congo, Bolivia, Togo, Sudáfrica o Uganda) persisten dinámicas extractivas con controles limitados y consecuencias documentadas sobre la salud pública y los ecosistemas. De esta manera, al igual que aplicamos en España estas consignas, el documento alerta de la necesidad de no contribuir con nuestra actuación a que esta situación existiese en ningún otro lugar del planeta.

El informe resulta altamente relevante en la medida en que se suma al cuerpo de literatura que examina críticamente las dinámicas de la transición energética y digital en curso. En particular, se alinea con las perspectivas que advierten que el aumento de la demanda de minerales críticos necesarios para la transición reproduce patrones coloniales que exacerban la desigualdad e injusticia social, económica y ambiental entre las zonas de extracción —generalmente situadas en el sur global— y los países industrializados, generalmente localizados en el norte global.

Sin embargo, un aspecto que podría fortalecerse es su marco analítico de la responsabilidad, ya que dice poco sobre los actores corporativos concretos y los grupos económicos que se benefician directamente de este modelo. En este sentido, la responsabilidad aparece diluida al atribuirse a grandes categorías geopolíticas, en lugar de examinar el papel de las empresas transnacionales y las dinámicas de acumulación de capital que la sostienen. El uso de la dicotomía norte global/sur global corre el riesgo de homogeneizar territorios altamente diversos, invisibilizando desigualdades internas, asimetrías de poder y los roles diferenciados de los Estados, las élites locales y las comunidades. Esto es evidente en el caso del litio, donde la mención a Argentina es marginal, a pesar de que se trata de un actor central en la producción global. Allí, la extracción está en manos de empresas multinacionales, reguladas principalmente por gobiernos provinciales, y recientes modificaciones normativas —como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cambios en la Ley de Glaciares— han ampliado aún más los beneficios para estas empresas.

El informe sí menciona a Bolivia, donde la extracción a gran escala aún no se ha materializado, y a Chile, que enfrenta severos impactos socioambientales derivados de la explotación del litio. Sin embargo, no reconoce los esfuerzos que ambos países —donde la producción está fuertemente regulada por el Estado— están realizando para implementar tecnologías de extracción directa de litio, orientadas a reducir el impacto, especialmente, en el consumo de agua.

Por último, si bien la sección final del informe propone una serie de acciones dirigidas a los distintos actores involucrados, sería importante reforzar la necesidad de avanzar hacia transformaciones más estructurales: revertir los modelos económicos basados en el crecimiento que impulsan la demanda de minerales críticos en el norte global, promover la extracción de estos en los territorios industrializados que los demandan y donde los estándares ambientales y de derechos humanos son más exigentes e implementar políticas decididas para que las compañías inviertan en reciclado de baterías.

Este informe viene a confirmar y ampliar información que ya se conocía parcialmente sobre el gran talón de Aquiles de la transición energética: la dependencia excesiva de los minerales y los impactos ambientales asociados a su extracción y refinamiento. La transición energética es necesaria y urgente, pero, hoy en día, el modelo extractivista fomenta obtener las materias primas al menor costo posible, lo que ha resultado en zonas de sacrificio, generalmente en el sur global.

Urge que los países que consumen en mayor cantidad los productos finales que utilizan estas materias primas formen parte de implementar soluciones para que la extracción de los recursos sea más sostenible a nivel social y ambiental. Esto requiere incorporar perspectivas de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) a los productos, para que los impactos al inicio de la cadena de producción se vean reflejados en el precio final (a modo de impuestos, por ejemplo, que luego se pueden usar para reparaciones a las comunidades afectadas). En Europa, el Reglamento de Ecodiseño de Productos Sostenibles (ESPR) apunta en este sentido, aunque no es suficiente.

Otra discusión que debe realizarse a nivel de sociedad es dónde abrir minas. En Europa existen yacimientos de algunos minerales críticos, por ejemplo, de espodumeno (mineral que contiene litio) en España. Extraer estos recursos permitiría reducir los impactos ambientales y sociales globales (la legislación ambiental europea es, en general, más exigente que la de los países del sur global) y ganar independencia estratégica en las cadenas de suministro, pero tendría costos sociales y ambientales importantes del continente.