Una de las situaciones más controvertidas que, en ocasiones, se producen en los procesos judiciales en los que se juzga una agresión sexual tiene lugar cuando la defensa del acusado o, en el peor de los casos, el propio juez, reprocha a la víctima no haber ofrecido la suficiente resistencia contra su agresor. Si la víctima no lucha, no pelea, o no intenta zafarse por todos los medios del atacante, recae sobre ella la sospecha de que, implícitamente, estaba consintiendo.  

Sin embargo, además del sentido común, existe evidencia empírica que sostiene que el miedo insuperable, en el contexto de una experiencia amenazante, puede provocar el embotamiento mental y la parálisis muscular. Así lo defienden Ebani Dhawan y Patrick Haggard, profesor de Neurociencia Cognitiva en el University College de Londres, en un artículo publicado en la revista Nature Human Behaviour en el que detallan las pruebas neurológicas que lo avalan.  

Efectivamente, la intimidación que, en nuestro ordenamiento jurídico referido al delito de agresión sexual, viene definido como la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual puede suscitar, según la evidencia aludida, su inmovilidad y la imposibilidad, por tanto, de defenderse. Un hallazgo demasiadas veces obviado en las salas de justicia. 

Sea como fuere, si analizamos desde un punto de vista psicológico las formas posibles en las que se puede presentar esa amenaza serían las siguientes: 

1. Que el agresor amenace proactiva, consciente y voluntariamente a su víctima mediante el anuncio verbal explícito de un mal grave. 
2. Que el agresor sea consciente de que está resultando amenazante para la víctima sin necesidad de mediar una amenaza verbal que anuncie un mal grave.    
3. Que el agresor resulte involuntaria e inconscientemente amenazante para su víctima, sin tan siquiera reparar si ésta es consciente de que su inminente intención es, en todo caso, perpetrar un atentado sexual. 

La jurisprudencia solo catalogaría como intimidación la primera opción incluso en el caso de que el tribunal aprecie que se ha producido una situación amenazante. Al contrario de, por ejemplo, el ordenamiento jurídico británico, en virtud del cual el atacante podrá ser condenado porque “debería haber sido consciente” de que la víctima no consentía a pesar de no ofrecer resistencia. Una traducción legal, en fin, de lo que ahora popularmente se conoce como “solo sí es sí”. 

Sea como fuere, en nuestro país ni la opción (b) ni por supuesto la (c) serán consideradas como situaciones intimidatorias a pesar de que el resultado final es, en todos los casos, una víctima intimidada y posiblemente paralizada por el miedo. El problema que se apunta en el artículo es cuando se asume como prueba (ya que es difícil probar el consentimiento verbal explícito) que, como no se defendió, hubo realmente consentimiento.