El informe de la Comisión sobre el juego de azar de la revista Lancet Public Health es un documento que sintetiza con precisión el estado de la relación entre la comercialización de productos de juego de azar y los riesgos para la salud pública que dichos productos entrañan.  

El informe defiende una posición robusta basada en la evidencia científica que aboga por mayores restricciones en todas las fases de la comercialización, desde el diseño, la fijación del precio y condiciones de venta, hasta el marketing y promociones de los productos de juego.  

Tras más de dos décadas de hegemonía del discurso del ‘juego responsable’, el informe es rotundo cuando argumenta sobre la necesidad de abandonarlo. El juego responsable ha sido una perspectiva ampliamente utilizada por la industria del juego de azar que, de manera resumida, consiste en hacer recaer en el consumidor la responsabilidad/culpa de su conducta irresponsable. De acuerdo a esta perspectiva, la existencia de personas con problemas de juego no conforma un problema social sino una realidad individual, que ha de tratarse de manera personalizada por especialistas médicos. El informe rechaza esta perspectiva y argumenta en favor de una visión desde la salud pública, donde el concepto médico del trastorno de juego, muy restrictivo, se amplía al concepto de ‘daños del juego’, que ofrece una visión más comunitaria y social de todas las externalidades negativas que el juego conlleva.  

Como consecuencia, la responsabilidad no solo recae en el individuo ‘irresponsable’, sino en la confluencia del sector de la industria del juego y sus reguladores, que han de velar por la protección del consumidor y la comercialización de productos de juego que no sean un riesgo para la salud pública. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que no es un estudio. Se trata de una comisión de trabajo en la que diversos expertos y expertas en estudios sobre el juego se reúnen y ponen de manifiesto la necesidad de abordar el juego desde la perspectiva de salud pública. 

Para respaldar esta postura presentan argumentos desde distintos enfoques, apoyándose en investigaciones previas y en testimonios de primera mano de personas que han sufrido los daños asociados al juego. La perspectiva social que defienden a nivel global se basa en la creciente expansión del mercado del juego gracias a la digitalización. El acceso universal al juego exige un enfoque público y colectivo, en contraste con el enfoque individualista que ha predominado hasta ahora. Como se menciona en el texto, aunque no rechazan las medidas centradas en el individuo, consideran que aquellas con un enfoque público son insuficientes en algunas regiones del mundo e inexistentes en otras. 

Por tanto, recomiendan una forma de investigar y de formular políticas centrada en los daños causados por el juego a nivel de toda la población y no exclusivamente en los jugadores con problemas, superando el enfoque individualista. 

No sé si podría considerarse una limitación, pero ciertamente lograr una alianza global representa un reto importante. El juego, su regulación, práctica e incluso la percepción que se tiene del mismo, dependen en gran medida del contexto cultural de cada país. Diseñar políticas universales y alcanzar consensos homogéneos puede enfrentar grandes desafíos.