Cada año se vierten más de 52 millones de toneladas de basura plástica en el mundo, según estima un estudio publicado en Nature que hace un inventario de la contaminación plástica en 50.702 ciudades del planeta. Concluye que la basura tirada directamente en el ambiente [littering] es la mayor fuente de emisiones plásticas en el norte del planeta, y la basura no recogida es la mayor fuente en el sur.  

Un vertido de pellets de plástico procedente de contenedores del mercante Toconao ha alcanzado varias zonas del litoral gallego. Por su parte, el Gobierno de Asturias ha elevado a la fase 2 el Plan por Contaminación Marina Accidental ante la detección de microplásticos en la costa. El Gobierno de Cantabria también ha elevado a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATERCANT) para poder solicitar la intervención del Gobierno central en alta mar “y evitar la llegada masiva de pellets a la costa”. 

La mayoría de los plásticos presentados como compostables requieren condiciones específicas para degradarse que solo se obtienen en contextos industriales, advierte un estudio publicado en la revista PLoS One. El ácido poliláctico —un polímero obtenido por fuentes renovables naturales que se usa como alternativa a los plásticos derivados del petróleo— tarda más de un año en degradarse en un ambiente marino, comparado con 35 días para fibras naturales de celulosa, según el análisis, que combina observaciones en aguas de las costas de California (Estados Unidos) con mediciones en laboratorio. 

Pasado el plazo marcado y después de dos noches maratonianas de reuniones, las delegaciones de los Estados miembros de la ONU han conseguido llegar a un acuerdo para que el conocido como Tratado de los Océanos –o Tratado BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction– sea una realidad. La ciudad de Nueva York ha visto cómo el quinto período de sesiones de esta conferencia daba sus frutos con un acuerdo en cuanto a la formulación del texto, diecisiete años después de que empezaran las conversaciones y con el frenazo de las negociaciones el pasado mes de agosto ante la falta de acuerdo. El Tratado persigue proteger y regular el uso de las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, que representan más del 60 % de los océanos, lo que equivale a casi la mitad del planeta. Los recursos genéticos marinos y cómo repartir esos beneficios han sido uno de los principales escollos.