Era un hecho relativamente conocido que la agricultura europea no estaba basada en la producción ambiental y socialmente sostenible de alimentos saludables y accesibles para los ciudadanos europeos. Este era el objetivo original de la Política Agraria Común (PAC), la primera política europea plenamente común y que ha gestionado gran parte del presupuesto europeo desde sus inicios. Sucesivas reformas, centradas en la disminución de la producción compensando las pérdidas de renta de los agricultores mediante subsidios, han demostrado su ineficacia en este sentido, pues ni las rentas agrícolas se han ido equilibrando (menos del 20 % de los fondos de la PAC llegan a la mayoría de los agricultores, mientras que el 80 % van a grandes propietarios y a la industria agroalimentaria) ni los problemas ambientales han disminuido, sino todo lo contrario.  

Los resultados de este trabajo ponen claramente de manifiesto esta realidad, centrándose esta vez en analizar el modo en que los fondos de la PAC fluyen a través del mercado hasta su destino final. Los resultados son tan sólidos y claros como demoledores: más del 80 % de los fondos de la PAC, que proceden de los impuestos de los ciudadanos europeos, acaban financiando la industria cárnica, y no precisamente la basada en ganadería extensiva, de gran valor ambiental y social a través del mantenimiento de pastizales y paisajes agroganaderos tradicionales, sino en la intensiva, basada en macrogranjas industriales, como refleja el hecho de que la mayor parte de esta subvención es indirecta a través de subvenciones a la producción de alimento para el ganado.  

El trabajo ha podido analizar datos solo hasta 2013 (lamentablemente, faltan datos actualizados), de manera que no ha podido abordar el potencial efecto de las dos últimas reformas de la PAC, ambas dirigidas a reducir la importancia de los pagos directos basados en producciones anteriores y superficie y número de cabezas gestionadas (el Pilar I), que es la causa última del resultado de este trabajo (el 80 % de las subvenciones acaban en la agroindustria, que basa su negocio en las macrogranjas).  

En la reforma anterior se introdujeron los pagos verdes del Pilar I, que financiaban prácticas supuestamente beneficiosas para el medio ambiente, y en la actual se impone la necesidad de fijar objetivos sociales y ambientales que deben ser evaluados directamente. Los pagos verdes han demostrado ser poco eficaces por su escasa ambición (Concepción et al. 2020, Pe’er et al. 2022), mientras que la Arquitectura Verde de la actual PAC está siendo continuamente presionada a la baja por la industria agroganadera con cualquier excusa coyuntural, como la guerra de Ucrania (Morales et al. 2022) o la sequía y sus efectos en los ingresos de los agricultores, base de las manifestaciones de las últimas semanas.  

Esperemos que los resultados de este trabajo pongan el foco en el lugar correcto para dirigir los ingentes fondos de la PAC a sus objetivos declarados: una vez conseguida, sobradamente, la soberanía alimentaria, deben revertirse los efectos negativos de la PAC sobre el medio ambiente (contaminación, pérdida de biodiversidad) y las sociedades rurales (abandono rural, especulación, desigualdad; Díaz et al. 2021).

Mi primera reacción es de indignación. Con datos de hace 10 años, el articulo tenía que haber sido titulado al pasado (supported) y no al presente.  

Desde entonces, [2013] se han producidos cambios en la PAC, algunos tan importantes como los ecorregímenes, que van destinados a promover practicas favorables al medio ambiente. Ahora, hablemos de la metodología. Las ayudas directas de la PAC se dividen en dos grandes grupos, las ayudas desacopladas, es decir, que no están relacionadas con un cultivo o animal determinado, y las ayudas acopladas.  

Con las segundas, el saber su destino es fácil. Con las primeras, que son las que representan la mayor parte del presupuesto, el agricultor cultiva lo que quiere o lo que puede. Lo que demuestra el artículo es que los agricultores europeos siguen cultivando mayoritariamente los cultivos adaptados a la zona climática en la que se encuentran, cereales, colza y girasol principalmente. Con el desacoplamiento, cultivos como el algodón, la remolacha, la alfalfa, el lino y cáñamo, han perdido relevancia en favor de los cereales y las oleaginosas, pero también (y de manera importante) de la superficie forestal. 

En cuanto a la ganadería, son justamente las producciones sin ayudas acopladas, como el porcino y el aviar, las que están creciendo. De nuevo, utilizar un solo año, no solo antiguo sino uno solo, impide ver la globalidad de la situación: a pesar de las ayudas que reciben, las ganaderías de vacuno de carne, de ovejas y corderos y de cabras, están retrocediendo. La única que está creciendo, y de manera más limitada que el porcino y las aves, es la ganadería vacuna de leche. 

Datos antiguos, referidos a un solo año, obviando las dinámicas productivas y políticas de estos últimos 10 años, son limitaciones que no concuerdan con la ambición del artículo. A esto se le pueden sumar otros errores puntuales, como afirmar que uno de los objetivos de la PAC es la soberanía alimentaria, lo cual es erróneo ya que el objetivo al respecto es la seguridad del abastecimiento, que es algo muy distinto.  

Ahora hablemos de la tesis central. Tienen razón los autores cuando afirman que las ayudas directas de la PAC de ayer (pero también las de hoy) están orientadas a promover la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, como tampoco lo están (añado yo) a promover dietas alimentarias más saludables.  

Es verdad que una parte creciente de estas ayudas tienen un mayor enfoque medioambiental y de respeto al bienestar animal a través, entre otros, de la condicionalidad de las ayudas, es verdad que poco a poco se va a introducir una componente social también en esta condicionalidad, pero también es verdad que queda mucho por hacer para poner en coherencia todas las políticas europeas (también las ayudas a las inversiones) con el objetivo de la adaptación al, y la mitigación del, cambio climático. 

El artículo trabaja sobre bases de datos respecto a subsidios, emisiones y producciones agrícolas correctas y, por tanto, los resultados van en la misma línea que otras publicaciones previas en el mismo sentido.  

Se concluye sobre la sobreproducción en la Unión Europea de productos agrícolas de origen animal y soportados económicamente por una parte mayoritaria del presupuesto de la CAP [PAC por sus siglas en inglés], resultando de esta forma responsable de una gran parte de las emisiones de gases efecto invernadero que se producen en la UE. Este resultado es incuestionable, lo que nos lleva a que se proponga para reducir este impacto ambiental, incluso desde la propia estrategia agrícola CAP y de cambio climático de la UE un cambio en nuestro sistema de producción alimentaria y de nuestros hábitos hacia dietas con menor presencia de proteína animal y mayor de vegetal. Y esta transición debe refrendarse en los instrumentos políticos, que básicamente ya pueden encontrarse, y financieros que lo soporten.  

Pero esta imprescindible reducción de los productos animales y, por ello, de las emisiones de gases efecto invernadero debe tener en cuenta a qué sistema de producción animal enfrentarse. Y ahí nos encontramos con un dilema. Por un lado, incluida lo que se nos presenta como producción animal, tenemos dos modelos: una ganadería extensiva que conserva e interactúa con la biodiversidad, autosuficiente en sus recursos, no contamina nuestros suelos ni nuestras aguas, mantiene los pastos como stockage [almacenaje] de carbono orgánico y mantiene las explotaciones familiares; y por otro, una ganadería industrial desconectada del entorno donde se emplaza, que requiere altísimos niveles de recursos externos, que contamina suelos y aguas y que favorece la inversión de grandes empresas. ¿Cuál es el origen de la proteína animal que los ciudadanos de la UE estamos dispuestos a eliminar o a mantener?