Lo primero que me gustaría destacar es que la aprobación de esta reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación es una noticia para celebrar, porque recoge reivindicaciones históricas de la comunidad científica española. 

El texto, tal como ha sido aprobado, quiere garantizar que la ciencia contará con una financiación pública estable y en crecimiento. Crea un nuevo contrato indefinido para científicos/as y técnicos/as asociados a líneas de investigación, sin necesidad de consulta previa a Hacienda y sin depender de la tasa de reposición. También reforma el contrato postdoctoral para acercarlo a la estabilización; incluye indemnizaciones para los contratos predoctorales; y simplifica la justificación de las subvenciones, entre otras mejoras.   

Un aspecto importante es que busca equiparar los derechos laborales de científicos y científicas a los del resto de trabajadores, promoviendo los contratos indefinidos. Es una aspiración a la que nada puedo objetar. Toda iniciativa contra la precariedad laboral me parece positiva, incluso desde el punto de vista de la productividad. Cuando se está preocupado por el futuro laboral es más difícil hacer buena ciencia.  

Quedan temas por de resolver. Siguen ahí los obstáculos para contratar personal con financiación propia de los centros, porque estos casos todavía dependen de la autorización previa de Hacienda y de la tasa de reposición/masa salarial. Esto limita nuestra capacidad para retener y atraer talento. Y, desde luego, los cambios en las modalidades de contratación implican cambios en la gestión de los centros, con posibles consecuencias que no se pueden obviar y que hay que abordar con cuidado.  

En todo caso, el Ministerio de Ciencia ha demostrado hasta ahora disposición para colaborar con quienes dirigimos centros de investigación y hacer frente a los retos de la aplicación de la ley. Creo que esa, la colaboración, debe ser la manera de proceder.  

En realidad, lo lógico es pensar que si aumenta el atractivo de la carrera científica, al mejorar sus condiciones laborales, aumentará también la excelencia de los centros donde esta se desarrolla. 

Hoy es un día de sentimientos mezclados. Por un lado, se aprueba la ley de la ciencia con muchos aspectos positivos. Por el otro, se menosprecia una carta firmada por 55 centros de investigación del país y apoyada por las universidades, y se aprueba una enmienda de Podemos a la ley que, en contra de lo que dice el Gobierno, no va a disminuir la precariedad, sino que va a resultar en menos contratos y va, en muchos casos, a afectar negativamente a la carrera de los jóvenes investigadores. 

Si de verdad queremos disminuir la precariedad, hay que poner más dinero en la ciencia y liberar el tope de contratos fijos que tienen las universidades y centros de investigación. 

Se ha aprobado esta tarde de forma definitiva por el Congreso la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología por la que se modifica la Ley 14/2011, sin haberse incorporado una enmienda aprobada en el Senado el pasado mes de julio, contra la realización de contratos indefinidos al personal de investigación vinculado a proyectos financiados con fondos competitivos europeos. 

Separar proyectos competitivos por la procedencia de su financiación no tiene mucho sentido, aunque en todos debería considerarse la necesaria y beneficiosa movilidad de los científicos. Los contratos indefinidos vinculados a proyectos competitivos comportarán importantes costes económicos a medio y largo plazo. 

En general, la nueva ley supone una mejora del sistema de ciencia ya que recoge algunas de sus reivindicaciones históricas como son: aumentar regularmente el gasto público hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030, disminuir la precariedad de la carrera investigadora, contribuir a retener y atraer talento, y, algo muy importante, disminuir la excesiva carga burocrática que padece el sistema científico español. 

La reforma de la Ley de la Ciencia es una buena noticia para la comunidad científica. Trata diferentes puntos, aunque en todos ellos nos hubiese gustado que fuese más ambiciosa. El sistema lleva sufriendo recortes en financiación y precarización laboral desde el año 2008. La reforma de la ley aporta, entre otros aspectos, derechos básicos que no se contemplaban en el ámbito científico. Queda mucho por hacer pero, al menos, tenemos un marco de mejoras, especialmente, en el ámbito hospitalario donde, a día de hoy, todavía no existe carrera investigadora. 

La carrera científica es un trabajo muy demandante y requiere de gran experiencia y especialización. En España somos capaces de hacer ciencia de primer nivel. El personal investigador ha demostrado estar a la altura. Ahora falta exigirles a nuestros gestores que generen entornos favorables. Queda mucho trabajo por delante. 

En términos generales, me parece que, aunque quedan pendientes algunos aspectos importantes que necesitan atención y que la Ley de Ciencia que se ha aprobado todavía no resuelve, esta ley supone una aportación positiva y una mejora significativa en algunos aspectos necesarios. Por ejemplo, me parece que era muy necesario atender a las condiciones laborales del personal que trabaja en investigación, hasta ahora insostenibles e injustas en comparación las de trabajadores en cualquier otro ámbito. En mi opinión, esto todavía necesita desarrollarse más, por ejemplo, para adecuar condiciones laborales de todo tipo de trabajadores, también las de los técnicos y personal de apoyo, imprescindibles para una investigación de calidad, o para poner al día unos salarios del personal de investigación que en España son ridículamente bajos, sin comparación con los de figuras equivalentes en otros países europeos, lo que dificulta enormemente la incorporación competitiva de talento investigador en nuestros laboratorios.  

En esa línea, considero muy importante que no se haya consolidado la enmienda 76 que se introdujo durante el trámite de la ley por el Senado y que introducía un tratamiento diferente a las personas contratadas por proyectos europeos. Solo el hecho de que se pudiera hacer un tratamiento diferencial a trabajadores en función de la fuente de los fondos con los que se les contrata, me parece aberrante e insostenible por las injusticias que introduciría en los laboratorios.   

Creo que el cambio de condiciones laborales será bueno para la salud de nuestros laboratorios. Sinceramente lo creo, aunque es verdad que nos obligará a ajustar la forma en la que gestionamos contratos y la dinámica de una investigación demasiado sometida a condiciones cambiantes -otro problema fundamental de nuestra ciencia que, desgraciadamente, no creo que cambie la ley si no se introduce además un incremento muy notable de los fondos destinados a I+D-, también en cuanto al acceso a recursos. Hace unos años también pasamos por tensiones y debates furibundos sobre lo adecuado o no para el sistema investigador de sustituir las becas de los investigadores más jóvenes por contratos y no creo que hoy día haya nadie que cuestione que ese cambio se hizo en la dirección adecuada.

El Congreso ha aprobado finalmente la nueva Ley de la Ciencia, que sustituirá a la anterior, de 2011, tras rechazar la enmienda introducida en el Senado que introducía una excepción en la contratación indefinida que marca la reforma laboral para los investigadores contratados a cargo de proyectos europeos competitivos. Creo que era importante que todos los investigadores contratados a cargo de los proyectos científicos, sin distinción y sin importar la fuente de financiación, pudieran acogerse a los beneficios de la reforma laboral. 

Esto exigirá a las instituciones, universidades y centros de investigación adaptar los procedimientos administrativos para gestionar el inicio y la terminación de estos contratos, con sus correspondientes indemnizaciones actualizadas, como el resto de trabajadores. El grupo parlamentario ERC ha anunciado un acuerdo al que ha llegado con el Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, para aumentar del 21 al 25% los costes indirectos de los proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación, con objeto de poder hacer frente a estos sobrecostes de las indemnizaciones.  

A la espera de conocer los detalles de este acuerdo, que también plantea estudiar un nuevo sistema de financiación para la ciencia, parece una buena noticia, siempre y cuando este incremento de costes indirectos no se detraiga del total del proyecto y se aumente de igual manera el monto total del mismo. La nueva Ley de la Ciencia incorpora diversas mejoras que, sin duda, mejorarán el sistema científico nacional, en particular, en referencia a todo el personal de investigación, desde las personas de gestión, técnicos, investigadores en formación, investigadores jóvenes, a los más consolidados. Hay un plan para aumentar progresivamente la financiación hasta el 1,25% del PIB, que seguramente será insuficiente, pero bienvenido sea. Se equiparan los derechos de los investigadores de diferentes orígenes. Se apuesta por reducir la burocracia administrativa. Se reestructura la carrera científica de los investigadores con un contrato predoctoral de cuatro años, seguido de otro postdoctoral, de tres a seis años, que terminaría con la contratación indefinida de estos investigadores, mientras siguiera existiendo financiación de la línea del laboratorio (no del proyecto concreto), que también podría terminar con un despido por causas objetivas, con su indemnización actualizada a 20 días por año trabajado.  

También se reconvierte el Comité Español de Ética de la Investigación para que incorpore la tarea de actuar como una Comisión Nacional de Integridad Científica, órgano del que carecía nuestro país. En definitiva, tenemos la tercera Ley de la Ciencia de la democracia, tras las dos leyes anteriores de la ciencia, de 1986 y 2011, que hace avanzar en derechos laborales al personal de investigación y otras mejoras que son todas bienvenidas. Enhorabuena a todos quienes han trabajado durante varios años para conseguir este consenso parlamentario que es la nueva Ley de la Ciencia. 

Sin embargo, no nos olvidemos de que el sistema científico español sigue necesitando una inyección sustancial de dinero estructural en los proyectos de investigación básica del Plan Nacional, la base de nuestro sistema, la que tenemos que cuidar especialmente, la que permite desarrollar proyectos a la clase media de la ciencia, la que puede dar en algunos casos los destellos de excelencia e impacto que siempre buscamos, olvidando que estos surgen solamente cuando hay suficientes proyectos en marcha bien financiados que respondan a multitud de preguntas. Las respuestas a ellas pueden generar beneficios inesperados al cabo de los años.  

Cierto investigador español, experto en microbiología, descubrió hace 17 años cómo las bacterias se defendían de los virus que las infectaban. Siete años después, esa investigación básica sirvió de base a dos investigadoras para proponer una nueva herramienta para editar los genes de cualquier ser vivo y estas dos investigadoras acabaron recibiendo el Premio Nobel en 2020 por ello. Toda la comunidad científica en biomedicina ha pasado a usar universalmente estos nuevos métodos de edición genética. Y todo empezó por un proyecto de investigación básica. 

La nueva la Ley de Ciencia recoge mejoras de gran calado. Reivindicaciones históricas como las indemnizaciones de los contratos pre y postdoctorales, la entrada en convenio colectivo de todos los contratos, el reconocimiento de toda la carrera investigadora a efectos de solicitud de quinquenios o la apertura a una articulación de una carrera profesional, tanto del personal técnico y de gestión, como de investigación hospitalaria. 

Pero la más importante sin ninguna duda es la aplicación integral de la Reforma Laboral al sector de la investigación. Después de 11 años de ser una isla de excepcionalidad laboral, damos un paso de gigante para estar cada vez más cerca de poder eliminar la palabra precariedad como sinónimo de investigación en este país.