El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley del tabaco, que amplía los espacios sin humo y prohíbe su consumo a los menores

La aprobación del proyecto de ley de modificación de la "Ley del Tabaco", largamente demandada por sociedades científicas, profesionales y ciudadanas, puede suponer un paso adelante para la salud pública en España. El texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros amplía los espacios libres de humo y emisiones, avanza en la regulación de los nuevos productos con tabaco y nicotina, y aumenta la protección de la salud de adolescentes y jóvenes frente a los riesgos derivados del uso de cigarrillos electrónicos, shishas y otros productos con nicotina. 

Para que estas medidas —que aún son proyecto de ley— surtan efecto, es necesaria su inmediata tramitación parlamentaria, indispensable para el perfeccionamiento y aprobación de la norma. Los casi 60.000 fallecimientos anuales causados por el tabaco en España son suficiente motivo para exigir que el avance de las políticas de salud pública no se vea frenado por intereses mercantiles ni partidistas. La comunidad científica y profesional está a disposición del conjunto de las fuerzas políticas para poner a su alcance la información y evidencia necesaria en el trámite parlamentario de la reforma de la ley actual. 

Pese al avance anunciado hoy el Gobierno español, hay que recordar que siguen pendientes otras medidas muy efectivas y no menos urgentes, como el aumento de los precios y la implantación del empaquetado neutro del tabaco, que ya han adoptado numerosos países de nuestro entorno y que contribuirían decisivamente a la reducción de los graves problemas económicos, sociales y sanitarios derivados del uso de tabaco en España. 

En 1987, el 56 % de la población adulta española era fumadora, un porcentaje que se ha reducido progresivamente hasta el actual 26 %, mientras que en países como Suecia es solo del 5 %. A esta reducción contribuyeron significativamente las leyes de 2005 y 2010 pero, tras un significativo descenso tras su entrada en vigor, la curva de reducción en los últimos años es mucho más suave. A pesar de que la OMS valora positivamente los esfuerzos españoles para continuar su reducción, es evidente que es necesario un nuevo impulso que acelere de nuevo la caída de fumadores.  

Por tanto, y a pesar de que inicialmente pueda ser algo impopular, elogio la iniciativa legislativa que va, sin duda, en la buena dirección al representar un impacto muy positivo en la salud de la población. 

Esta nueva ley es muy bienvenida ante la principal causa de muerte en España, que produce unas 60.000 muertes todos los años (datos publicados de nuestro grupo, cuya investigadora principal es Mónica Pérez). Actualiza la normativa que se había quedado muy desfasada. También es muy positiva la restricción a la publicidad y la equiparación de otros productos al tabaco convencional. Sin embargo, se queda corta y no aborda aspectos determinantes como la subida de impuestos al tabaco.  

Se centra fundamentalmente en la exposición al humo de segunda mano, que causa unas 2.000 muertes en nuestro país, sin centrarse en el consumo de tabaco activo de forma directa. Se ha demostrado que la subida de impuestos baja drásticamente la prevalencia de consumo de tabaco. Por otra parte, no regula la exposición de los menores en entornos privados, como puede ser el interior de vehículos particulares (algo que sí hacen otros países, incluyendo algunos de la UE). Datos publicados recientes (también de nuestro grupo) indican que la población española aceptaría medidas de este tipo.  

En resumen, si bien la ley es positiva, no tendrá un impacto significativo en la mortalidad causada por el tabaco en España.