Universidad Pontificia de Comillas
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Abogado y profesor de Derecho Civil y del Medio Ambiente en la facultad de Derecho de ICADE (Universidad Pontificia Comillas)
Profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y director de la Cátedra Fundación Repsol de Transición Energética de la Universidad Pontificia de Comillas
Investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas
Tras una intensa noche de negociaciones en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), los países participantes en la COP28 llegaban a un acuerdo histórico al mencionar por primera vez “transitar para dejar atrás los combustibles fósiles” en el documento del Balance Global —la evaluación de los progresos hechos para conseguir los objetivos climáticos que se fijaba en el Acuerdo de París—. El acuerdo llega después de que el primer borrador presentado por la presidencia no hiciera esta mención —se refería solo a “reducir el consumo y la producción” de estos combustibles—, por lo que fue calificado como “inaceptable” por países como España.
A unos días de que arranque la COP28 en Dubái —una de las principales ciudades de la potencia petrolera que son Emiratos Árabes Unidos—, expertos climáticos se debaten entre la desconfianza y la esperanza de que los líderes mundiales logren acuerdos ambiciosos para luchar contra la crisis climática.
Limitar el consumo de los hogares europeos que usan más energía —que son los de más alto ingresos y nivel de educación— permitiría lograr “reducciones de emisiones considerables”, según un equipo de investigación en el Reino Unido. Este beneficio se podría obtener también si se aumenta al mismo tiempo el consumo de los usuarios más pobres y vulnerables. El análisis, publicado en Nature Energy, calcula que limitar el uso de energía del 20 % de mayores consumidores en 27 países de Europa reduciría un 11,4 % las emisiones debidas al consumo de energía doméstico, un 16,8 % por el transporte, y un 9,7 % por el consumo energético total. El artículo afirma que la asociación entre altos ingresos y alto consumo energético es particularmente fuerte en países como España, donde la inequidad es relativamente alta.
El Consejo de Participación de Doñana ha analizado este lunes en una reunión extraordinaria la proposición de ley presentada en el Parlamento de Andalucía que pretende ampliar los regadíos legales en la zona. El Gobierno andaluz mantiene su apoyo a la nueva norma, que mañana miércoles inicia su debate parlamentario con la propuesta de toma en consideración de la proposición. Por su parte, el director de la Estación Biológica de Doñana Eloy Revilla en su intervención en el Consejo alertaba del deterioro generalizado del sistema de lagunas y señalaba que “la explotación actual del acuífero no es sostenible”. “España está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat”, afirmaba. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han avisado de que llevarán la norma al Tribunal Constitucional.
Un estudio estima que el gasto de energía en los hogares ha subido entre un 62,6 y un 112,9 % en 2022, después del conflicto entre Rusia y Ucrania, un incremento de 2,7 a 4,8 % de sus gastos totales. El análisis, publicado en Nature Energy, advierte de que este aumento podría llevar a entre 78 y 141 millones de personas en el mundo hacia la pobreza extrema.
Tras dos largas semanas de negociaciones y fuera del plazo oficial, la COP27 ha cerrado el acuerdo de crear un fondo de pérdidas y daños que ayude a los países más vulnerables a afrontar los impactos de la crisis climática. Sin embargo, otras cuestiones como una mayor ambición en estrategias de mitigación para no superar los 1,5 ºC de calentamiento y menor dependencia de los combustibles fósiles no han conseguido el compromiso de todas las partes.
Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un acuerdo con Francia y Portugal para crear el “corredor de energía verde”, que conectará España, Portugal y Francia con la red energética de la Unión Europea. Según el Gobierno, el corredor contempla la creación de un gasoducto marítimo que conecte Barcelona con Marsella y que servirá para transportar gas natural, hidrógeno y otros gases.