El 10 % de las personas que más gastan en el mundo son responsables de daños ambientales de entre 1,7 y 5,7 billones de dólares

El estudio es novedoso en el contexto de la literatura sobre huellas ambientales del consumo porque monetiza los impactos globales por decil de gasto provenientes de un estudio previo. Este calculaba huellas de carbono (CO₂), fósforo (P), nitrógeno (N), consumo de agua dulce y pérdida de biodiversidad asociadas al consumo final en hogares, incluyendo energía, bienes y servicios. Para traducir las huellas de unidades físicas a monetarias, los autores usan valores del Manual de Precios Medioambientales de 2024, lo cual implica ciertas suposiciones para armonizar unidades de impacto o para escalar el valor de los impactos según el PIB per cápita. Todo ello les permite calcular el coste del daño medioambiental total del consumo per cápita del 10 % más rico del mundo (entre 2.300 y 7.500 dólares al año), siendo el de los consumidores en Estados Unidos el más elevado (entre los 19.000 y los 63.000 dólares) y el más bajo el de los consumidores más ricos en India (entre 410 y 1.400 dólares). El estudio concluye que esta cantidad cubriría con creces la financiación necesaria para alcanzar, en su conjunto, los objetivos mundiales de conservación de la biodiversidad para 2030 y los objetivos de mitigación del cambio climático.  

En este sentido, el estudio es importante ya que contribuye al debate cada vez más prominente y relevante sobre la desigualdad o la imparcialidad de los objetivos globales de mitigación y sostenibilidad, aportando pruebas de que los consumidores de los países más ricos provocan una mayor degradación medioambiental a escala global, lo que implica que tienen una mayor responsabilidad por sobrepasar los límites planetarios, siendo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad los aspectos más importantes.  

Al cuantificar estos impactos, el estudio también pone de manifiesto el perjuicio económico causado por la degradación medioambiental, y sugiere que este debería compensarse de alguna manera, teniendo en cuenta que los costes del daño medioambiental son más elevados en los países con un PIB per cápita más alto. Esto también aporta argumentos al debate sobre la insuficiente financiación internacional destinada a abordar las causas medioambientales, ya que, con frecuencia, son los países con un PIB per cápita más bajo, pero con un mayor capital natural, los que deben asumir los mayores esfuerzos de conservación y protección ambiental.  

En cuanto a limitaciones, por ejemplo, cabe destacar que el coste estimado de los daños medioambientales se basa en el consumo final, mientras que las personas con mayores ingresos también acumulan más ahorros e inversiones que, de tenerse en cuenta, aumentarían aún más la diferencia entre países y su supuesta responsabilidad a la hora de financiar las iniciativas medioambientales.  

Otra limitación se deriva de los supuestos utilizados para cuantificar los daños a la biodiversidad por unidad de Fracción de Especies Potencialmente Desaparecidas (PDF, por sus siglas en inglés: Potentially Disappeared Fraction of species), que, entre otras cosas, se ha calculado sin tener en cuenta los biomas afectados en cada país (lo cual es determinante en la respuesta a la pérdida de especies), mientras que la monetización se calculó basándose en los precios por PDF en Europa, lo cual no es representativo para el resto del mundo. Además, el estudio solo proporciona valores para 2017, mientras que habría sido interesante ver la evolución de los daños y los costes, para evaluar el posible impacto (o la ausencia de este) de unos objetivos climáticos más estrictos.

El artículo es de buena calidad y sobre un tema muy interesante y de debate actual y urgente. El trabajo está respaldado por autores de prestigio de instituciones reconocidas como la Universidad de Oxford.  

Encaja con evidencia reciente sobre i) las grandes desigualdades globales en cuanto a emisiones y daños medioambientales, así como ii) los impactos desiguales del cambio climático. Por tanto, lo novedoso del articulo no es tanto mostrar las desigualdades como estimar los costos. 

[En cuanto a posibles limitaciones] El artículo hace estimaciones y, por tanto, estas han de tomarse con cuidado. Toda estimación monetaria es susceptible de errores.

El artículo es el resultado de una investigación novedosa. Tiene buena calidad. Aborda una cuestión fundamental, como es la atribución de responsabilidades en el origen del cambio climático actual y la pérdida de biodiversidad en el conjunto del planeta. Y, como señala su resultado principal, el 10 % de consumidores más ricos de los países con más emisiones de gases de efecto invernadero ocasionan casi la mitad de los daños generados por el cambio climático.

El artículo corrobora el desarrollo de un mundo cada vez más desigual, con una población rica que es la más responsable del impacto del cambio climático actual y de la pérdida de biodiversidad que se está produciendo en el planeta. Sus efectos, por el contrario, son más evidentes y cuantiosos en las sociedades menos avanzadas que no pueden hacer frente por sí solas a dichos daños. Es una muestra más de lo que se denomina la ‘secesión de los ricos’ en el mundo actual: una población rica cada vez más rica y sin limitaciones en su consumo, frente a un porcentaje cada vez mayor de población pobre que experimenta los efectos de las acciones de los primeros.

En ese 10 % de población más rica entrarían las grandes fortunas y las empresas que representan de España. Aunque en el conjunto mundial es una participación muy pequeña frente a países como EE. UU., China o India.

[En cuanto a posibles limitaciones] El trabajo señala la necesidad de que los más ricos contribuyan más y aporten más dinero a las acciones de mitigación del cambio climático. Y propone el principio de ‘quien contamina paga’. No obstante, ese principio se ha demostrado poco eficaz a la hora de reducir el impacto medioambiental en los países donde se ha aplicado, porque los que tienen dinero terminan pagando para poder seguir contaminando. Hay formulas impositivas que pueden resultar más eficaces, como tasas por volumen de facturación (empresas) o por volumen de patrimonio (personas físicas).

La recaudación debe tener siempre un sentido finalista. Esto es, que se utilice el dinero para medidas de reducción de cambio climático y se realice una publicación anual, transparente, de dicho proceso. Por otra parte, el dinero que pueda recaudarse de la población más rica no debe ir solo a mitigación, sino, sobre todo, a adaptación de territorios y sociedades al impacto del cambio climático, que no se va a poder solucionar en el corto y medio plazo.

El estudio cuenta con la participación de investigadores de la Universidad de Leiden y el Oxford Martin School de Oxford, y está publicado en Communications Sustainability, revista del grupo Nature con revisión por pares. Los datos están disponibles públicamente para su verificación independiente y la metodología es sólida. Este artículo ofrece una visión útil sobre la desproporción en la responsabilidad ambiental y, a su vez, se queda en la escala donde los problemas se identifican sin llegar al nivel donde se resuelven. Desde la planificación territorial, la experiencia indica que las políticas ambientales globales solo tienen impacto real cuando se traducen en soluciones concretas: qué especies proteger y dónde, qué cuenca hidrográfica necesita qué medida de adaptación, qué comunidad rural puede protagonizar qué transición. Sin ese aterrizaje, los billones de dólares de "factura ambiental" que calcula el estudio son cifras sin consecuencias prácticas.

Encontrar soluciones, aunque sean intermedias, requiere considerar tres elementos de forma simultánea. El primero son marcos regulatorios con límites físicos reales, no solo económicos: hay daños ecosistémicos que no se compensan con dinero y que deben prohibirse con independencia de la capacidad de pago del causante. El segundo es la responsabilidad de cadena completa, porque no puede seguir permitiéndose que los países consumidores exporten su impacto ambiental a los países productores y contabilicen una huella limpia. El tercero es la inversión sostenida en gobernanza local: los territorios que albergan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que queremos conservar necesitan fortalecer su capacidad técnica, sus recursos y su participación real en las decisiones, no limitarse a ser receptores de políticas diseñadas lejos de su realidad.

El principio de quien contamina paga es necesario, pero la experiencia ha demostrado que no es suficiente. El estudio además utiliza el gasto monetario como indicador del daño ambiental, lo que deja fuera patrones de consumo masivo y barato cuya huella real puede ser igual o más destructiva. Alto gasto no equivale necesariamente a mayor daño, ni bajo gasto a inocencia ambiental. Lo que hace falta es que quien conserva también cobre, que las comunidades rurales que mantienen ecosistemas funcionales reciban el reconocimiento económico e institucional que hoy se les niega, y que la planificación territorial basada en evidencia científica actúe como puente entre los acuerdos globales y las decisiones que se toman a escala de una cuenca, un corredor ecológico o un municipio de cien habitantes.