Una comisión pide que el uso problemático de internet se considere un problema de salud mundial y que se regule el diseño de las plataformas

Un informe elaborado por una comisión internacional con participación española afirma que los gobiernos deberían reconocer el uso problemático de internet como un problema de salud pública a nivel mundial y regular las características de diseño que mantienen a las personas conectadas, como el scroll infinito y la reproducción automática. La comisión, cuyo informe se publica en la revista The Lancet Psychiatry, afirma que, a pesar de las lagunas, la base empírica actual es suficiente para justificar una acción reguladora a nivel nacional e internacional. 

Reacciones

José Perales - Comision PUI

José César Perales

Catedrático en el departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada

Science Media Centre España

En primer lugar, es importante señalar que este artículo no corresponde a un trabajo empírico, sino que se trata del documento resultante de las deliberaciones de la Lancet Psychiatry Commission on Global Action on Problematic Usage of the Internet, esto es, del conjunto de expertos y expertas comisionados por la revista The Lancet Psychiatry para establecer una posición sobre la necesidad de conceptualizar y abordar el uso problemático de internet (PUI, por sus siglas en inglés) a nivel mundial desde una perspectiva de salud pública.

Aunque bienintencionado, dicho documento no sigue las recomendaciones estandarizadas para que la selección de expertos y expertas sea lo suficientemente representativa de la diversidad existente en términos geográficos o teóricos y, por tanto, su valor recae en la autoridad de las personas que componen la comisión. Para un observador conocedor del área, resulta evidente que parte de las y los investigadores más relevantes del campo, y especialmente aquellos y aquellas que podrían aportar una visión más crítica o escéptica con la posición desarrollada en el artículo, no forman parte de la comisión. En otras palabras, la comisión es, en muchos sentidos, excesivamente homogénea.

Más allá de la identidad de sus integrantes, la revisión de la literatura que se ofrece está lejos de ser sistemática, de tal manera que se realiza una exposición selectiva de la evidencia que apoya las posturas descritas en el texto, a costa de omitir aquella que no lo hace.

Estas críticas se resumen en los siguientes puntos:

  1. Internet no es una conducta o una actividad, sino un ecosistema extremadamente extenso y diverso en el que tienen lugar innumerables conductas distintas. Hablar de 'uso problemático de internet' es conceptualmente similar a hablar de 'uso problemático del entorno urbano', lo que sonaría a todas luces ridículo. Nótese que cuando se habla de subtipos de PUI actualmente reconocidos en los sistemas diagnósticos (trastorno por juego de azar, uso compulsivo de pornografía online y trastorno por uso de videojuegos), en realidad se está hablando de conductas que pueden ser patológicas independientemente de que se realicen online u offline. En otras palabras, crear una categoría genérica para internet puede, de hecho, diluir formas de conducta patológicas que lo son no por el entorno en el que se realizan, sino por la propia naturaleza de esas conductas y el impacto que tienen en la calidad de vida de las personas. Indirectamente, eso puede conducir a la trivialización de esos problemas al percibirse como análogos a otros cuya gravedad real es mucho menor.
  2. Se asume de partida la idea de que el uso problemático de internet puede abordarse desde el modelo de adicción, afirmándose sin base que existen una evidencia extensa y un acuerdo generalizado sobre la adecuación de ese modelo. Aunque eso puede ser cierto para, por ejemplo, el trastorno por juego de azar (independientemente de si se practica dentro o fuera de internet), está muy lejos de existir acuerdo, ni siquiera mayoritario, para otras actividades como el uso de redes sociales o el visionado de canales de streaming. Gran parte de los autores y autoras en la materia han presentado modelos teóricos alternativos que explican en buena medida por qué ciertas actividades online pueden tornarse problemáticas sin conceptualizarlas como adictivas. En relación con este punto, igualmente, se asume sin crítica que los patrones oscuros presentes en algunas aplicaciones digitales pueden definirse como adictivos por el simple hecho de dificultar el control efectivo por parte de las personas que las usan. Se habla del autoplay o el scroll infinito como ejemplo de dichos patrones oscuros, pero la evidencia disponible no permite establecer que las razones por las que esas características puedan facilitar un uso excesivo o inmersivo sean siquiera similares a las razones por las que las drogas de abuso resultan adictivas. Existe una evidente sobreinterpretación de la evidencia biológica disponible para apoyar ese paralelismo. Ello no quiere decir que esas características no sean potencialmente dañinas para algunas personas, pero definirlas como adictivas implica una importante confusión conceptual. A este respecto, y en línea con lo señalado anteriormente, es importante hacer notar que una parte considerable de las y los autores que han realizado este informe provienen de una tradición investigadora que defiende una aproximación teórica cercana a la extensión laxa del modelo de adicción a toda una variedad de conductas que no involucran el uso de sustancias. En cierto modo, su postura teórica implica un riesgo de sesgo a la hora de valorar y presentar la evidencia.
  3. Por último, a la hora de elaborar recomendaciones de salud pública, las y los autores defienden un concepto restrictivo del principio de precaución similar al que se ha aplicado anteriormente a otros vectores de daño potencial como el alcohol, el tabaco o el juego de azar. Sin embargo, existen distintos posicionamientos filosóficos y políticos sobre cómo de estricta o restrictiva debe ser la aplicación del principio de precaución en función de la naturaleza del riesgo. Es evidente que el alcohol, el tabaco o el juego de azar son nocivos en dosis pequeñas o moderadas y, lo que es más importante, restringir su uso no afecta de forma severa a los derechos y libertades individuales. Sin embargo, tal y como se reconoce en el documento, el uso de internet implica riesgos, pero también posibilidades constructivas, saludables e incluso necesarias. Y no solo eso: restringir el acceso a determinadas aplicaciones o plataformas digitales puede afectar negativamente a la libertad de expresión y comunicación, al desarrollo integral y al acceso a la información. Los posibles riesgos no se derivan solo de la actividad en sí, sino también de las medidas que puedan tomarse para combatirlos, por muy bienintencionadas que sean. Un ejemplo de ello puede encontrarse en el reciente caso australiano, donde la prohibición de acceso de los menores de 16 años a redes sociales no solo no parece estar teniendo los efectos deseados, sino que puede estar provocando efectos indeseados en un porcentaje no desdeñable de las personas a las que se pretendía proteger.

En resumen, aunque reconozco la buena intención del documento y la necesidad de abordar desde la evidencia los riesgos presentes en el entorno digital, tengo dudas más que razonables de que la aproximación a ellos sea apropiada o de que represente una posición mayoritaria entre expertas y expertos en la materia. Por una parte, porque hablar de PUI es excesivamente genérico para capturar la naturaleza múltiple de las conductas potencialmente problemáticas que pueden realizarse online, y, por otra, porque priorizar el modelo de adicción sobre otras alternativas más fieles a la evidencia impone un prisma teórico sumamente restringido para entender y abordar los posibles daños derivados de esas conductas.

No declara conflicto de interés
ES

Tatiana Íñiguez - Comision PUI

Tatiana Íñiguez Berrozpe

Profesora titular de Sociología y vicedecana de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza
Science Media Centre España

El artículo que nos ocupa no es un estudio nuevo, sino la revisión de un grupo internacional de expertos sobre la evidencia disponible sobre uso de pantallas y el bienestar de las personas y, en especial, de los menores, como base para proponer líneas de actuación política, un objetivo muy loable. El mayor acierto, a mi juicio, del documento es la conceptualización de las variables que tener en cuenta. Esto es, deja de contar horas de pantalla y se fija en el uso problemático de internet, y, especialmente, en cómo están diseñados los productos: el scroll infinito, las recompensas impredecibles o las notificaciones personalizadas. Es decir, por fin nos encontramos con una reflexión experta que traslada el foco desde la fuerza de voluntad del individuo hacia las decisiones de diseño de las empresas. Es decir, de la agencia a la estructura, algo que venimos revindicando desde las investigaciones sociológicas sobre el tema. Además, algo que tampoco es habitual, los autores reconocen con honestidad que casi todos los estudios disponibles son fotografías de un momento, estudios transversales, y no permiten hablar de causas, por lo que abogan por la precaución sin tener certezas. Esta última cuestión podría ser discutible, ya que el principio de precaución es un término eminentemente sanitario y, en este caso, podría usarse como alimento del pánico moral al uso de dispositivos sin haber una evidencia clara y contrastada. 

Una limitación que tienen los estudios analizados es la enorme variabilidad en cómo se mide el uso problemático: con más de treinta cuestionarios distintos y umbrales diferentes, una misma cifra no significa lo mismo en dos países. A eso se añade la dificultad de separar el fenómeno del uso problemático de los dispositivos de otras cuestiones con las que se asocia: la depresión, la ansiedad o el TDAH. Además. paradójicamente, la reflexión que se extrae del texto es que el problema es mayor en países de renta baja y media, pero gran parte de la evidencia que utiliza viene de países ricos. 

Otra contradicción de este tipo de estudios es que argumentan que el uso problemático de internet no afecta a todos por igual (existiendo mayor riesgo en jóvenes, en las personas con problemas de salud mental previos y en los contextos más vulnerables). Sin embargo, prácticamente la totalidad de los trabajos que recoge el documento no tiene en cuenta estas variables de clase social o vulnerabilidad en sus análisis, lo que limita enormemente la interpretación de la relación causal entre uso problemático de internet y malestar, cuando en muchas ocasiones ese malestar procede de causas personales y sociales. 

Además, el documento, pese a su prudencia, habla de que la prevalencia del PIU es de "más del 10 %", si bien dicha estimación se encuentra en el extremo alto de unos resultados que van del 0,3 % al 40 % según el país y el cuestionario que se utilice. De hecho, los estudios con mejores instrumentos tienden a dar cifras más bajas. Unido a ello, se sobreestima el gasto que supone el uso problemático, ya que habla de 10.000-12.000 millones de libras, cuando no es una medición exacta, sino un ejercicio ilustrativo basado en analogías y supuestos.  

Para los países en los que se está planteando la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años hay dos ideas especialmente útiles. La primera es que la Comisión que elabora el informe sostiene que los límites de edad, por sí solos, son un instrumento demasiado tosco porque no toca las funciones de diseño de las plataformas que generan la posible adicción, y advierte de los problemas de privacidad y de elusión que plantea verificar la edad. La segunda, y que no suele nombrarse, es que restringir el acceso a redes de forma impuesta puede no reducir los síntomas e, incluso podría empeorarlos, debido a que, en ocasiones, estas plataformas son el anclaje de muchos jóvenes a una red de apoyo, sea real o virtual. Eso desaconseja la respuesta más intuitiva en casa y en la escuela, que es prohibir el móvil, y empuja hacia el acompañamiento, la alfabetización digital temprana y el trabajo sobre lo que un adolescente deja de hacer cuando pasa muchas horas conectado. 

Y una precisión importante para no caer en el alarmismo: el propio documento recuerda que internet no es dañino en sí mismo. Por tanto, el objetivo no es menos internet, sino apelar a las empresas tecnológicas a un diseño más responsable de las plataformas.

No declara conflicto de interés
ES

Natalia Martín - Comision PUI

Natalia Martín-María

Profesora Ayudante Doctora en el departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la facultad de Psicología, área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UAM

Science Media Centre España

El uso problemático de internet (UPI o PUI por sus siglas en inglés) es un término amplio que sirve para referirse a diferentes formas negativas de interactuar con internet y con la tecnología digital. Supone un desafío de salud pública mundial y representa elevados costes sociales. Recientes metaanálisis sugieren que este uso dañino podría afectar a más de una de cada 10 personas en el mundo. 

La Comisión de Psiquiatría de Lancet sobre la acción global ante el UPI realiza esta revisión de la literatura para conocer cuáles son los conceptos relacionados (donde aparecen, por ejemplo, el trastorno compulsivo de comprar por internet, la cibercondría como análogo de la hipocondría o el comportamiento sexual compulsivo online —donde se incluye el uso problemático de la pornografía—), cuál es su prevalencia, los factores psicosociales, el coste y la carga asociada, qué intervenciones y qué regulaciones del mismo existen actualmente y por último, cuáles son las líneas futuras de actuación. 

Resultan relevantes las conclusiones en cuanto a su abordaje, donde la alfabetización digital tanto de los pequeños de la casa como de sus familias, las restricciones en el acceso y el ejercicio físico aparecen como acciones efectivas. La prevención del UPI es muy relevante para la población infantojuvenil, especialmente para aquellas personas que reúnan los factores de riesgo encontrados en la revisión, tales como baja satisfacción con el aspecto físico, escasa regulación emocional, o conflictos en el seno de la familia o con los iguales. 

A nivel mundial, son muchas las carencias en los servicios y en las políticas regulatorias del UPI. Acciones inmediatas —como eliminar el scroll infinito o el autoplay— y coordinadas tanto a nivel nacional como internacional son necesarias para mitigar el daño relacionado con el UPI.

Declara no tener conflicto de interés
ES

Ignacio Morgado - Comision PUI

Ignacio Morgado

Catedrático emérito de Psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y miembro numerario de la Academia de Psicología de España

Science Media Centre España

Excelente y completa revisión sobre los peligros, especialmente para los jóvenes y personas inmaduras, de la sobreexposición a internet, con especial consideración a la salud mental de los usuarios. 

Adicción desmesurada, conducta compulsiva de interacción con las redes o compras innecesarias y otros trastornos de conducta, además de una posible comorbilidad asociada, acosan hoy a quienes hagan un uso improcedente y descontrolado de las nuevas tecnologías digitales incluyendo la inteligencia artificial.  

El fenómeno es especialmente preocupante porque afecta a más del 10 % de la población mundial. 

Un destacado grupo de firmantes del trabajo, contando con la colaboración y apoyo de profesionales de numerosos países de todo el mundo, españoles incluidos, pone de manifiesto los riesgos de salud y económicos que las tecnologías digitales conllevan y advierte del necesario establecimiento de políticas públicas de prevención y regulación para evitar esos riesgos y su destacada e imparable expansión. 

Es un extraordinario trabajo de la Comisión de Psiquiatría de Lancet que debería ser conocido por todos aquellos que planifiquen desde la política o los centros educativos la salud somática y mental de los ciudadanos. 

No declara conflicto de interés
ES

Josep Maria Suelves - uso problemático internet

Josep Maria Suelves

Investigador del Behavioural Design Lab en el UOC eHealth Center, vocal de la junta directiva de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y de Baleares y vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo

Science Media Centre España

El artículo que acaba de publicar Lancet Psychiatry presenta el trabajo de una comisión integrada por expertos del ámbito de la salud mental y las adicciones que han resumido y comentado la evidencia en relación con el concepto de uso problemático de internet, su prevalencia e impacto, las intervenciones para su prevención y tratamiento, y los marcos regulatorios propuestos para hacerles frente.

El término ‘uso problemático de internet’ se utiliza para referirse a un espectro excesivamente amplio y heterogéneo de situaciones adversas relacionadas con el uso de internet y de las tecnologías digitales, que incluye tanto los potenciales problemas derivados de la exposición prolongada a dispositivos digitales (falta de descanso, sedentarismo, interferencia en las relaciones personales…) como el desarrollo de trastornos mentales y el agravamiento de trastornos previos (juego patológico, conductas suicidas, trastornos afectivos, adicciones…), pasando por los riesgos derivados de la exposición a ciertos contenidos (pornografía, informaciones falsas, publicidad de productos y servicios perjudiciales para la salud, modelos estéticos y de conducta inadecuados…). Los menores y algunos colectivos de personas —como aquellas que padecen adicciones y otros trastornos mentales— son especialmente vulnerables a desarrollar problemas relacionados con el uso de internet y de otras tecnologías digitales.

La actividad de los actores económicos, como las grandes corporaciones industriales y tecnológicas, busca maximizar su beneficio sin tener en cuenta su impacto sobre la salud y el bienestar de las personas. La influencia de la actividad empresarial sobre la salud —los determinantes comerciales de la salud— tiene un fuerte impacto sobre la salud colectiva en el caso de sectores como el tabaco, la automoción y las energías no renovables, o la industria alimentaria. En el caso de internet y las tecnologías digitales, es frecuente que el beneficio económico de las empresas dependa del tiempo que los usuarios pasan utilizando sus productos, lo que conduce a la utilización de estrategias de diseño del comportamiento que plantean importantes riesgos, como el uso de algoritmos que individualizan incentivos y refuerzos, técnicas como el scroll infinito, etc.

La comisión que ha redactado este artículo señala la importancia de establecer medidas de control proporcionales, fundamentadas científicamente, éticas y que no dependan exclusivamente en la responsabilidad de los usuarios de las tecnologías digitales. Entre las políticas de control revisadas para reducir los daños potenciales de internet se incluyen la verificación de la edad, los sistemas automáticos que limitan el tiempo de conexión, el control parental en el acceso de menores, el control de la publicidad de determinados productos y servicios como las apuestas online o el tabaco, los programas y campañas de sensibilización dirigidos a la población y, por supuesto, la exigencia de transparencia y el control sobre los algoritmos que permiten individualizar los contenidos dirigidos a los usuarios.

Declara no tener conflicto de interés
ES
Publicaciones
The Lancet Psychiatry Commission on global action on problematic usage of the internet
    • Revisado por pares
    • Informe
Revista
The Lancet Psychiatry
Autores

Fineberg et al.

Tipo de estudio:
  • Revisado por pares
  • Informe
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